La propuesta de reforma para modificar el artículo 166 de la Constitución Política del Perú que ya se encuentra en la Comisión de Constitución del Congreso que plantea crear la Guardia Nacional y refundar la Policía de Investigaciones del Perú a partir de la Policía Nacional, representa un intento valiente y necesario para enfrentar el caos endémico que se viene profundizando en el sector Interior durante más de dos décadas. Esta iniciativa surge como respuesta al fracaso de la reforma policial de 1989 y al actual modelo insostenible de seguridad, caracterizado por una policía sobrepasada por el crimen organizado transnacional, permeada por la corrupción e infiltrada por bandas criminales.
La creación de una Guardia Nacional encargada del orden público y la seguridad de las personas evoca el espíritu de las antiguas Guardia Civil y Guardia Republicana, instituciones que, pese a sus limitaciones, cumplían roles esenciales para la estabilidad interna. Paralelamente, una Policía de Investigaciones especializada en ciencia y tecnología criminalística se perfila como una herramienta indispensable para enfrentar el avance del crimen transnacional organizado y proyectar la seguridad hacia el futuro.
Este enfoque basado en la especialización no solo responde a la necesidad de rediseñar las estructuras policiales, sino que también prioriza la eficiencia operativa y busca corregir la degradación de la función policial contaminada por la cooptación política de la institución sobre un modelo de policía disfuncional y único en el mundo que ha adquirido un carácter militar incompatible con su propia ley y con los desafíos actuales. En un contexto donde el crimen se vuelve cada vez más sofisticado, resulta insostenible mantener un modelo policial generalista y desbordado. La segmentación funcional y apolítica permitiría combatir eficazmente la violencia criminal, que afecta indiscriminadamente a todos los peruanos.
Sin embargo, esta propuesta no está exenta de desafíos. Su éxito dependerá de garantizar mecanismos robustos de supervisión y control para evitar la repetición de los errores del pasado. Asimismo, la reforma debe ser complementada con una estrategia integral que fortalezca la justicia, ataque frontalmente la corrupción y garantice recursos adecuados para la capacitación, equipamiento y bienestar del personal policial. La Guardia Nacional dentro del Ministerio de Defensa y la Policía de Investigaciones cercana al Ministerio Público, es una primera aproximación por explorar.
En definitiva, la reforma es un paso inicial hacia la superación de una crisis de seguridad que amenaza la estabilidad y el desarrollo nacional. Aunque perfectible, es un avance necesario para construir un sistema de seguridad acorde con las necesidades del país. Es hora de priorizar la Seguridad Nacional como eje central del progreso, devolviendo a los peruanos la confianza en sus instituciones y el derecho a vivir en paz.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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