Los audios de “Los Cuellos Blancos del Puerto” revelaron, a la bruta, el extremo al que podían llegar ciertos jueces y fiscales cuando se pasan al lado del mal. Para muestra, tres botones: (1) “Tu encargo se cumplió.” Estaban hablando del nombramiento en un alto cargo en el Consejo Nacional de la Magistratura de una joven, digamos… débil de carácter. (2) “¿Que baje la pena o que lo declaren inocente?” Estaban coordinando la sentencia de un delincuente violador de una menor de edad. Y (3) “Estoy pensando en diez verdecitos.” Estaban hablando de favorecer a un narcotraficante. ¡Qué tal! A ese nivel de podredumbre llegaron algunos de los más altos magistrados del Poder Judicial de nuestro país.
Es verdad, los “audios de la vergüenza” se dieron a conocer a mediados del 2018. Sin embargo, ¿habrá mejorado el Poder Judicial o seguirá tal cual? Me temo que todo sigue igual en la administración de justicia de nuestro país. El Sistema Judicial, léase, el Ministerio Público o Fiscalía y el Poder Judicial, sigue siendo una institución infestada de corrupción, que muchos repudiamos.
Por supuesto, soy el primero en reconocer que hay jueces y fiscales excepcionales – incorruptibles, inteligentes, incuestionables que merecen nuestro mayor aprecio y gratitud. Pero, lamentablemente, hay también de los otros. Los Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder Judicial con el Instituto de Defensa Legal (IDL) no son nada santos. Y lo mismo se puede decir de los convenios suscritos entre dichas instituciones judiciales con varias universidades privadas, mediante los cuales se otorgan beneficios económicos a jueces y fiscales… y a sus familiares.
¿Qué justicia se podría esperar de jueces y fiscales, cuyos hijos u otros familiares estén estudiando en dichas universidades, en condiciones económicas ventajosas, ante casos delictivos perpetrados por los propietarios de las mencionadas universidades? Claramente, ninguna.
Aparte de conflictos de intereses, existe también el problema de la precariedad de la Fiscalía y el Poder Judicial, frente al poder económico y delincuencial de avezados narcotraficantes, desalmados criminales, poderosos mafiosos, empresarios y funcionarios corruptos y demás. Me refiero, tanto a temas remunerativos como a condiciones laborales: inmuebles, mobiliarios, equipos, servicios, etc.
También tenemos el problema de la imprevisibilidad de la justicia en nuestro país. Yo puedo dar testimonio de ello. Dos bloqueos de carreteras idénticos, me refiero a los bloqueos de Ica y Virú en diciembre de 2020, denunciados penalmente en los mismos términos, por los mismos delitos, con las mismas pruebas, con los mismos agraviados, en la misma fecha, merecieron dos fallos diametralmente opuestos.
Pareciera que las fiscalías e instancias judiciales remotas sobre todo las de Sierra y Selva son más permisivas frente a la corrupción y criminalidad organizadas. Lo cual es muy malo.
¡Muy injusto para la inmensa mayoría de peruanos! ¡Pésimo para el país! He ahí otro inmenso desafío nacional, del cual se habla cada vez más… la reforma del “SISTEMA DE JUSTICIA” de nuestro país. Reforma que, dicho sea de paso, no podría gestarse dentro del propio Poder Judicial porque no se puede poner al gato de despensero. La reforma del “SISTEMA DE JUSTICIA” debería gestarse desde la ciudadanía, y en alianza con la prensa. Una prensa y una ciudadanía que funjan de controladores y evaluadores del monstruo de la “JUSTICIA” en nuestro país. Algo así como ¿juez coimero? ¡A la cárcel! ¿Juez miedoso? ¡A su casa! Todo público.
Todo transparente. ¡No queda otra!
(*) Exgobernador regional de Ica
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