La inseguridad ciudadana no es un problema menor, sino uno de los más graves del Perú, junto al desempleo, la pobreza y la corrupción. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre los años 2021 y 2023, la cifra de peruanos que indicaron haber sido víctimas de algún hecho delictivo de cualquier tipo pasó de ser 18.2 % (2021) a 27.1 % (2023). Esto es, cerca de 9 millones de peruanos sufrieron un asalto, robo, extorsión o algún otro delito.
Los extorsionadores, a través del cobro de cupos, no solo causan angustia, desesperación y muerte, sino también la quiebra de negocios, desde pequeñas bodegas hasta empresas de gran envergadura, que se ven en la obligación de pagar tarifas semanales o mensuales, lo cual va exprimiendo sus presupuestos. Miles de tiendas, panaderías, restaurantes, pollerías, boticas, peluquerías y otros negocios han tenido que cerrar sus puertas porque ya no podían sostenerse debido al pago que tenían que hacer a los extorsionadores.
En lo que va del 2024, según cifras de la Policía Nacional, en el Perú se han presentado cerca de 16,000 denuncias por extorsión, sin considerar las no reportadas por temor, pues las bandas criminales dedicadas a este delito utilizan sicarios para amedrentar o asesinar a sus víctimas. Ya en el 2023, las denuncias por extorsión se habían elevado en 390 %, de acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Es decir, casi cuatriplicado.
Organizaciones criminales como “Los Malditos de Bayóvar” y “Los Pulpos”, o extranjeras, como el “Tren de Aragua”, “Los Tiguerones” y “Cota 905”, con sus respectivos tentáculos, operan no solo en Lima, sino también en la mayoría de las ciudades del interior del país.
La formulación del proyecto de ley ante el Congreso de la República para sancionar el delito de extorsión con cadena perpetua, además de la creación de un equipo especial policial para atender exclusivamente estos casos y la disposición de que el personal del Grupo Terna se camufle de civil en los buses, son medidas que pueden ayudar en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, se precisa también de un plan integral que considere al trabajo de inteligencia policial como el aspecto clave para lograr los objetivos.
Vigilar los buses, detener a uno que otro sospechoso o condenar a cadena perpetua a un delincuente no será suficiente. Es necesario desmantelar las organizaciones criminales, empezando por encontrar una pista que conduzca a la captura de los cabecillas para así quebrar la estructura que las hace funcionar. Por que lo que digo y escribo siempre lo firmo.
