“El Estado fue saqueado para defender a los saqueadores”
Dice Víctor A. García Belaunde sobre “Los Operadores de la Reconstrucción”
El destape del caso de la corrupción al interior de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), durante el gobierno de Pedro Castillo, reveló que el dinero conseguido de manera ilícita en la gestión de Robert López López fue destinado al pago de los abogados del entonces mandatario. Para el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, esta investigación que alcanza al expremier Aníbal Torres y al congresista Guillermo Bermejo, es una raya más al tigre de la corrupción.
“Me parece que es una noticia nefasta que confirma los vínculos de Bermejo y Torres cercanos a Castillo y que se han convertido en una especie de financistas, no sólo de campañas anteriores, sino de esta campaña por la impunidad de Castillo”, sentenció sobre “Los Operadores de la Reconstrucción”.
Precisó a La Noticia que “no se usó dinero de la empresaria (Sada Goray), sino que se pagó abogados a costa del bolsillo del Estado para defender actos ilegales”. “El Estado fue saqueado para defender a los saqueadores”, sentenció.
Recordó que cuando Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Economía se aprobó un decreto para permitir que los funcionarios públicos tengan abogados pagados por el Estado para defenderlos de acusaciones por presuntos delitos que podrían cometer en el ejercicio de sus funciones. El excongresista calificó esta iniciativa como un despropósito al referir que el Estado cuenta con más de 500 abogados que podrían ser defensores.
“Esto es algo parecido en el sentido que gente vinculada al Gobierno estaba haciendo una ‘chanchita’ para defender a Castillo, cuando debería tener su propio abogado, tiene además un partido político con el que participó en las elecciones, o si quiere pueden ser sus ministros los que lo defiendan ad honorem, sin usar dinero del Estado”, apuntó.
TODO FUE BAJO LA DIRECTIVA EXPRESA DE ANÍBAL TORRES
Se informó que el documento fiscal de este caso indica que Robert López habría cumplido el rol de dar viabilidad de los expedientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para la autorización de las transferencias de partidas presupuestales del sector público para el Año Fiscal 2022 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos.
Todo estaba bajo la directiva expresa del expremier Aníbal Torres con la finalidad de reunir fondos para los problemas judiciales del expresidente.
