El 5 de abril de 1992 se consumó el llamado autogolpe de estado por el presidente que juró respetar y cumplir la Constitución de 1979. Cerró el Congreso, el Tribunal de Garantías Constitucionales e intervino el Poder Judicial. Para lograr su cometido tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, constituyéndose en un gobierno cívico militar.
El 20 de enero de 1992 al asumir la jefatura del CCFFAA, Nicolás Hermoza Ríos dijo que el parlamento obstruía la labor de su institución en la estrategia contra la subversión. Por eso solicité ante la Comisión Permanente del Congreso que el ministro de defensa Víctor Malca (quien murió prófugo de la justicia) explique las palabras del señor Hermoza, Y en la Comisión lejos de corregirlo o disculparlo ratificó sus palabras; esto me llevó a declarar que se estaba perpetuando un golpe de estado y solo me acompañó en mis críticas Fernando Olivera, semanas después Alberto Fujimori se hizo de todo el poder tomando como justificación la obstrucción del Congreso que le había denegado varios decretos legislativos que le impedían luchar contra el terrorismo.
Como era de esperarse, el cierre del Congreso fue visto por la población como algo positivo, las calles y alguna prensa magnificaban el hecho y veían a Fujimori como el hombre que iba ordenar el país, cuando lo que había hecho era salirse del orden e imponer sus propias reglas.
Fujimori gobernó sin Congreso desde el 5 de abril de 1992 hasta el 4 de enero de 1993, fueron 9 meses donde el país volvía a ser dirigido por decretos leyes, normas que solo las da una dictadura. La suerte del régimen y su continuidad se dio cuando la policía logra capturar al más peligroso cabecilla terrorista: Abimael Guzmán, mientras Fujimori pescaba en la selva y la inteligencia militar ocupada en espiar a la oposición al régimen, fue tomada por sorpresa.
Para salir de la crisis democrática, Fujimori se comprometió en la OEA a convocar a un Congreso Constituyente al que se le adhirió un nombre más, el de “democrático”, dando entender que los anteriores no lo eran. Acción Popular no participó en ese Congreso para no convalidar la ruptura del orden constitucional y porque una nueva constitución tenía como fin oculto la re relección de Fujimori.
La captura de Guzmán fue usada al máximo y consumó la victoria electoral del grupo político que apoyaba al dictador llamado “nueva mayoría” el que fue cambiando sucesivamente de nombre en cada elección, dando el ejemplo para que surjan lo que hoy se conoce como los “vientres de alquiler o partidos cascarón” que destruyeron el sistema de partidos y movimientos políticos.
Treinta años después de este suceso que acabó con uno de los mejores parlamentos que hayamos tenido, atrás quedaron los nombres de Gastón Acurio, Manuel Ulloa, Manuel Moreyra, Felipe Osterling, Javier Díaz Orihuela, Roberto Ramírez del Villar, Enrique Bernales. El golpe de estado del 3 de octubre de 1968 sirvió para evitar que se siga investigando el contrabando en los bazares de las Fuerzas Armadas comprometiendo a las cupulas militares de alta graduación.
El autogolpe del 5 de abril de 1992 se eliminó un Congreso que investigaba las donaciones de ropa donada que comprometían a la familia Fujimori y el golpe de estado de 30 de setiembre de 2019 perpetuado por Martín Vizcarra fue para evitar su destitución por los actos de corrupción que le perseguían desde su gestión como gobernador regional, aunque esto llegó un año después. En nuestra historia hay una extraña coincidencia donde los cierres del Congreso se dan cuando el parlamento investiga la corrupción de un grupo de poder.
Los Congresos son necesarios para la vida de un país que se precia de ser una república, sin ellos no hay representación por el voto y mucho menos la fiscalización.
(*) Excongresista
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