La reciente medida del gobierno que restringe el tránsito de dos personas en motocicleta a un sa sola en Lima Metropoltana y la Provincia Constitucional del Callao por un periódo de 30 días en los que se amplía el Estado de Emergencia, como respuesta al incremento de asesinatos por sicarios, genera una obligada reflexión. ¿Es esta decisión efectiva para frenar el sicariato? ¿para frenar el Crimen Trasnancional Organizado? ¿O es solo una reacción visible ante una amenaza más compleja y estructural?
Desde el punto de vista táctico, la medida tiene una lógica inicial: en muchos atentados perpetrados por sicarios en el Perú y otros países de América Latina, los agresores se movilizan en parejas sobre motocicletas donde uno de ellos conduce, y el otro dispara. Al prohibir que dos personas circulen juntas en moto, se pretende dificultar este patrón operativo.
Sin embargo, las continuas e ineficaces medidas del actual gobierno y la experiencia comparada, nos obliga a ser más que cautelosos. Por ejemplo, en Colombia, Honduras y El Salvador se implementaron restricciones similares con un éxito limitado y generalmente temporal. Se redujeron ciertos tipos de crímenes en zonas puntuales y por un corto periódo de tiempo, pero nunca erradicaron el fenómeno. Por otro lado, y en cambio, en países como México o República Dominicana, la medida fue rápidamente burlada por el crimen organizado, adaptando sus métodos (falsos repartidores, motos robadas, acciones en solitario) y al mismo tiempo generó un serio rechazo social por su impacto negativo en trabajadores informales y servicios de delivery.
El crimen trasnancional organizado, y en especial el sicariato como una expresión local de sus efectos, se caracteriza por su capacidad de adaptación, en este sentido, pensar que una sola medida administrativa puede frenar una estructura criminal es un error estratégico de graves consecuencias. Las organizaciones criminales transnacionales operan como sistemas complejos que aprovechan las debilidades del Estado, la corrupción, la infiltración en las fuerzas de seguridad, la informalidad, la impunidad y el acceso libre a armas y dinero ilícito.
La medida del gobierno puede tener un efecto disuasivo inicial y puede ayudar en operativos puntuales, pero debe entenderse como un componente dentro de un enfoque de Seguridad Nacional, que implique una estrategia y un plan de alcance nacional. Este plan debe incluir inteligencia de Estado, control de armas, creación de un cuerpo de policía científica, depuración del sistema judicial y acciones coordinadas contra las economías ilegales que alimentan a estos grupos.
Lo urgente no debe desplazar lo importante. La acción del Estado debe abordar el fenómeno criminal en su raíz, y no solo en su manifestación más visible. De lo contrario, uno por moto no será suficiente.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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