“Tomás Gálvez busca acabar con actos de indisciplina en la Fiscalía”

POR CARLOS RIVERO MELGAR

El extitular del Ministerio Pedro Chávarry, respaldó la decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de crear una comisión encargada de elaborar el proyecto de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. Señaló que esta medida era necesaria porque el actual marco legal ha venido causando malestar al interior de la institución y generando actos de indisciplina, con los cuales se busca acabar.

“La Ley Orgánica del Ministerio Público data de 1981, es decir, más de 40 años, y la verdad es que se necesita un cambio en cuanto a su redacción. Recordemos que salió cuando el Ministerio Público recién comenzaba funciones, entonces había pocas fiscalías, el sistema que se aplicaba por ejemplo en el área penal era con el Código de Procedimientos Penales y ahora hay otro código. Las fiscalías tienen un carácter corporativo, se han agregado más fiscalías, más integrantes y, por lo tanto, se requieren cambios estructurales importantísimos”, declaró a La Noticia.

Chávarry recordó que en 2018, junto con un equipo elaboró una nueva ley orgánica y fue remitida al Congreso, pero fue frenada por Zoraida Ávalos, cuando asumió la Fiscalía, con el fin de modificarla “pero nunca hizo nada realmente”. Sin embargo, precisó que se hace imprescindible el cambio anunciado por Tomás Gálvez porque las estructuras han cambiado todo el sistema. “Se hace necesario que, dentro de todo este desorden, por los menos se inicie el trabajo, la Ley Orgánica no se va a modificar de un día para otro, se requieren dos legislaturas, así que recién sería aprobada en el siguiente Congreso”, agregó.

Cabe indicar que Tomás Gálvez fue designado presidente de la comisión responsable de elaborar el proyecto de una nueva Ley Orgánica, que reemplazará la normativa vigente. La resolución fue publicada en El Peruano y formaliza el inicio de este proceso.

COMISIÓN ESTARÁ INTEGRADA POR 47 MIEMBROS

La citada comisión, integrada por 47 miembros, reúne a fiscales supremos, superiores y provinciales, así como representantes de universidades, especialistas en derecho penal y procesal, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. La amplitud y variedad del grupo busca garantizar una propuesta con visión multisectorial, capaz de recoger diagnósticos técnicos y necesidades reales del sistema fiscal. Además, cuenta con un plazo inicial de tres meses, prorrogables, para entregar un borrador consolidado al despacho de la Fiscalía de la Nación.