El Tribunal Constitucional (TC) resolvió dar la razón al Congreso de la República para continuar con la selección del nuevo defensor del Pueblo, al declarar nulas las resoluciones emitidas que le impedían cumplir con dicho procedimiento.
Con cinco votos a favor se declaró fundada la demanda competencial planteada por el Parlamento contra el Poder Judicial. Por la misma cantidad de votos se resolvió en anular las resoluciones que impedían realizar investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público y de aplicar la reforma al consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Además, el TC solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNE) pronunciarse sobre la sentencia para que “proceda sobre el comportamiento funcional de los jueces que han concedido amparos y medidas cautelares sobre las competencias políticas exclusivas del Congreso de la República”.
También exhortó al Congreso reformar el artículo 99 de la Carta Magna y su reglamento para integrar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
