Particular

“Taxis colectivos causarán más muertes en las pistas”

Luis Quispe, presidente de Luz Ámbar, rechaza la ley que autoriza el empadronamiento de estos vehículos y dice que Pedro Castillo “está destruyendo lo avanzado”

POR: ENRIQUE RODRÍGUEZ

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó el empadronamiento del transporte terrestre de pasajeros en auto colectivo con el propósito de realizar un diagnóstico actual para regular la prestación del servicio en el territorio nacional, con exclusión de Lima y Callao. Esta polémica medida viene siendo cuestionada por especialistas y usuarios, quienes temen el incremento del caos en el transporte terrestre nacional. Al respecto, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, considera que la medida contraviene a otras disposiciones legales señaladas por el Tribunal Constitucional (TC).

¿Cuál es la posición de Luz Ámbar respecto a esta ley que autoriza el servicio de taxis colectivos en el territorio nacional con exclusión de Lima y Callao?

En nuestro país rige Ley 27181, que es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre. Esta ley fue promulgada en el año 1999 y ha tenido algunas modificaciones en el transcurso de los años, pero en esencia es la misma. Esta ley tiene ocho reglamentos y todo lo concerniente al transporte y tránsito debería estar sujeto a esa norma. Ahora, en el Congreso anterior se aprobó la Ley 31096, que guarda relación con la Ley 28972, al cual establece la formalización de servicios de transporte en automóviles colectivos. Esta Ley 31096 acoge a la Ley 28972 y se aprobó por insistencia en el Poder Legislativo porque el Ejecutivo no la promulgó. Entonces, el Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, a través de la cual se declaró infundada la inconstitucionalidad de la norma considerando que se trataba de un riesgo para los usuarios de las carreteras y de la ciudad en general. Asimismo, el TC señala que esta norma contraviene al Código del Consumidor puesto que se estaba contraviniendo los derechos de estos. Pero también señala se estaría atentando contra la libre competencia y afectaría a las empresas que están debidamente constituidas y prestan servicios interprovinciales en buses.

Entonces, ¿existe un conflicto entre lo que manda el TC y la ley recientemente aprobada?

Por su puesto. El Estado es uno solo y las funciones y decisiones se tienen que respetar. Es una situación antagónica. El Tribunal hizo dos recomendaciones más: Pidió que la ley regrese al Congreso para que el Pleno replantee cómo debería darse el servicio de taxi-colectivo en el país. Esta observación que hace el TC me parece importantísima porque no se puede poner como servicio el auto-colectivo en las ciudades o carreteras así de fácil, algo que pretende hacer este Gobierno. La otra observación es en cuanto a la forma. Quien debió presentar la acción de inconstitucionalidad debió ser el procurador del Ministerio de Transportes y no el procurador del Poder Ejecutivo.

UN CONTRASENTIDO

¿Qué organismo será el encargado del empadronamiento?

La ley encomienda que la Superintendencia de Transportes Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) se haga cargo de esta norma. Esta polémica decisión da mucho que pensar. Recordemos que la Sutran fue creada para fiscalizar el transporte en la red vial nacional, en otras palabras, es la encargada de poner orden y erradicar a los informales, pero es muy curioso que el MTC le encargue a la Sutran la tarea del empadronamiento. O sea, el ente encargado de fiscalizar será ahora quien garantice la gestión de estos servicios, es un contrasentido total. Yo no sé si lo hacen deliberadamente para crear conflicto o tienen el interés de favorecer a un sector.

¿Qué recomendaría usted?

Lo que se tiene que hacer es precisar en las poblaciones con 1,000 o 1,500 habitantes y que necesitan un transporte más pequeño para ir a la capital de la provincia a cumplir con sus labores de trabajo, estudio, etc. En este caso, el transporte puede ser en auto, una miniván o algo similar. Lo que no se puede hacer es poner miniváns en la red vial nacional, vale decir, en las carreteras. Esta norma se va a traducir en más muertes de tránsito.

DECISIONES POLÍTICAS

¿Considera que existe un trasfondo político detrás de esta ley?

En Luz Ámbar siempre hemos evitado pronunciarnos sobre las decisiones políticas y sobre los funcionarios públicos, pero en este caso es imposible quedarse callado. El presidente Castillo y el MTC están destruyendo todo el servicio de transporte urbano, interurbano e interprovincial deliberadamente para sus fines políticos. Recordemos que el ministro es representante de los que brindan servicio en auto-colectivo; ¿qué se puede esperar entonces? ¿Qué está pasando con nuestras autoridades que no dicen nada? El Ministerio Público, que es el titular de la denuncia penal, guarda absoluto silencio; el Congreso, igual. ¿Por qué la Comisión de Transportes no envió un oficio al MTC exhortándolo a anular dicha resolución ministerial?

En otras palabras, considera que ya no hay marcha atrás…

La solución es que salga el actual ministro y que entre otro que tenga mayor criterio o tenga la voluntad de mejorar lo que se venía intentando hacer; pero el presidente de la República se comprometió durante la campaña política a desaparecer la Sutran y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y ahora está cumpliendo con su campaña política. El objetivo es destruir todo lo avanzando en tránsito y transporte.

¿A qué se debe esto?

Estamos frente a un partido comunista, ¿no?

“PERÚ TIENE EL TRANSPORTE MÁS CAÓTICO DEL MUNDO”

Luis Quispe Candia reveló los lamentables números que arrojó un estudio de un organismo alemán respecto al transporte terrestre a nivel global.

“Recientemente, un estudio hecho en Alemania estableció que el Perú es el país con el transporte más caótico del mundo. En el Perú tenemos 2 millones 800 mil vehículos para casi 32 millones de habitantes y hay más de 3,500 muertes al año por accidentes de tránsito. En Chile son 15 millones de habitantes y tienen 5 millones de vehículos y tiene muchos menos muertos por accidentes de tránsito que en el Perú. En España tienen 35 millones de vehículos y solo 1,200 muertes al año. Eso demuestra que lo hecho hasta ahora no es suficiente y ahora viene este señor Castillo a lapidarnos”.

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