Por lo general, la mayoría de peruanos, tanto dentro del país como en el extranjero, somos conscientes de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituido por la Comisión y por la Corte del mismo nombre, radicadas en Washington y en San José de Costa Rica, respectivamente, está integrado por muchos personajes de raigambre de izquierda que tienen en sus pronunciamientos un notorio sesgo contra las Fuerzas Armadas y Policiales, que, con sus pronunciamientos, recomendaciones y decisiones, han hecho que los procesos judiciales en sede nacional contra sus miembros sean casi eternos. Pasan años y hasta décadas, y no concluyen.
Los pronunciamientos a los que nos referimos tienen que ver con las acciones de repeler el terrorismo y la violencia homicida por parte de nuestra Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas.
Ante la injusta situación descrita, el Congreso de la República aprobó una ley de amnistía para dichos militares y policías, lo que es función exclusiva y excluyente de nuestro Parlamento y que, por mandato constitucional, “produce los efectos de cosa juzgada”; esto es, final e inamovible.
La autógrafa de tal ley fue enviada por el Congreso al Poder Ejecutivo, el cual podría promulgarla y, consecuentemente, publicarla; observarla para que el Congreso insista o no con su aprobación y la promulgue; o simplemente no hacer nada y que el Congreso, vencido el plazo de observación, proceda a su promulgación.
Tanto la presidenta de la República, desde el 28 de julio, al igual que gran parte del Gabinete Ministerial, se han mostrado a favor de la promulgación de la ley de amnistía, pero, extrañamente, hasta ahora no se ha promulgado y los días van pasando, lo que nos lleva a recordar la canción de Marc Anthony “Tan solo palabras” e induce a pensar que nos están meciendo, lo que sería muy grave.
Ahora, la señora presidenta de la República se va al extranjero por una semana, sin señales de dejar promulgada la ley, salvo que lo haya hecho y esté solamente pendiente su publicación, lo que, hasta la fecha de redactar esta nota, no conocíamos.
El otro tema relacionado con la amnistía es otra ley aprobada por el Congreso y observada por el Poder Ejecutivo, para crear una comisión de altísimo nivel que diagnostique el actuar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para elevar recomendaciones a la OEA (de quien es parte el SIDH), para que realice las modificaciones normativas que requiere el Sistema y, en caso de que ello no se produzca, para que el Poder Ejecutivo denuncie el tratado en cuestión y el Perú quede fuera del Sistema Interamericano al que nos referimos.
Ha pasado más de un año desde que el Ejecutivo observó la autógrafa de la ley y, pudiendo haber retirado la observación y promulgado la ley, no lo ha hecho, como tampoco el Congreso, hasta ahora, insiste en su contenido. Estamos en el limbo, que es lo peor que puede pasar.
Por ello es que se reclama a las autoridades competentes decisión y acción, y no quedarse en terrenos movedizos en que todo puede pasar, pero no pasa nada.
Tan solo palabras.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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