Siguen los cuestionamientos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organismo adscrito a la OEA y creado dentro de su ámbito, así como constituido por la Comisión y Corte del mismo nombre. Los cuestionamientos no solo son del Perú, sino de varios otros países que resienten y soportan el sesgo contra Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, a las que someten a presiones durísimas, mientras a los reales transgresores de los Derechos Humanos, sobre todo a los que han ejercido la violencia terrorista, se les trata benignamente y muchísimas veces con olvido de sus fechorías.
El sesgo de los comisionados y magistrados del SIDH —con excepciones, por cierto— es consecuencia, muchas veces, de la irresponsabilidad con que fueron nombrados aquellos, en primer lugar por las propuestas de los países miembros de la OEA y luego por la elección de los mismos en las Asambleas de la OEA, en que sus miembros eran y son cancilleres. Recientemente, en algunos casos de supervisión de procedimientos, el presidente de la Corte se entrometió en el trámite legislativo de una ley peruana de amnistía, urgiendo a la presidenta de la República del Perú a no promulgar la ley, pues exponía que atentaba contra los supuestos derechos de ciertas víctimas a quienes consideraban afectadas por delitos de lesa humanidad, pero con olvido de que tal calificación no era atendible con criterio retroactivo.
La defensa del Perú ante la Corte Interamericana fue de primerísimo nivel y razonabilidad, aunque, conociendo los antecedentes de tal Corte, difícilmente saldremos airosos.
Ante lo expuesto y desde la civilidad, incluyendo a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en situación de retiro, tenemos que exigirle tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo que, de una vez por todas, se dejen de lloriqueos y postergaciones y enfrenten con decisión y valentía el problema, enfrentamiento que iniciamos en la OEA en el año 2007 y que hay que concluir. Las posiciones para la solución de la problemática son principalmente tres: una, no hacer nada y quedar en la penosa situación en que nos encontramos; la segunda, retirarnos del Sistema, denunciando por la Presidencia de la República la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica; y la tercera, evaluar el Sistema y hacer propuesta de modificaciones normativas a la OEA.
El Congreso de la República optó por esta última posición, que ya se había empezado en el año 2007, como habíamos dicho, pues siempre se puede requerir de la protección de un sistema supranacional, efectivo y sin sesgos ideológicos, de ocurrir algún golpe de Estado. Es el caso que el Congreso, hace cerca de dos años, en el 2023, aprobó la iniciativa y el Poder Ejecutivo la observó. Pese al tiempo transcurrido, el Congreso no insiste en la aprobación de la iniciativa con el corolario de su promulgación.
Del otro lado, desde el Ejecutivo, a nivel Consejo de Ministros como a nivel Cancillería, nos dicen que se formará la comisión que ya el Congreso había dictaminado para llevar las propuestas a la OEA. Pasan semanas y meses, y el Consejo de Ministros, pues mutis; y peor, pues parecería ser que tampoco dan pase a la Cancillería para que lo haga.
Los que permanecemos al otro lado de la mesa ya estamos hartos de tanto retardo, o pudiese ser que hay ánimo de mecida. Sea lo que sea, pues ¡BASTA YA DE TANTO TONTEO!
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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