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“Este Congreso es el peor de la historia”

Abogado penalista Mario Amoretti respalda una reforma del sistema de justicia, pero dice que no la debe hacer el Parlamento, sino una comisión especial

  • Mario Amoretti dijo que no es raro que se haya elegido presidente de la Comisión de Ética a una persona cuestionada como Elvis Vergara. Dice que la reforma del sistema judicial debe ser realizada por personas con calidad moral e intelectual.

Por: Carlos Rivero Melgar

El abogado penalista Mario Amoretti, en entrevista con nuestro canal digital La Noticia Perú, señaló que es urgente una reforma en el sistema de justicia, pero esta tiene que ser realizada por una comisión especial integrada por personas con experiencia, moralidad, y que no estén involucrada en hechos delictivos. Y no por el actual Congreso, al cual calificó como “el peor de nuestra historia”.

El fiscal Tomás Gálvez señaló que se necesita con urgencia una reforma del sistema de justicia.

La reforma del sistema judicial es un clamor popular. El problema es que esta reforma no puede hacerla este Congreso, el peor de toda nuestra historia republicana. El presidente de la comisión que evalúa esta reforma pretende destituir a los fiscales supremos porque sabe que un buen número de congresistas están involucrados en hechos delictivos, al igual que la presidenta Boluarte. Esta reforma debe hacerse con gente que conoce sobre los problemas judiciales, que no esté involucrada en actos delictivos, que tenga la experiencia y, sobre todo, que tenga la moralidad e intelectualidad para llevar adelante una reforma judicial.

¿Cree que en el próximo Congreso recién se debería ver el tema de la reforma del sistema de justicia?

El Congreso no debería hacerlo para que no se politice el tema. Debe hacerlo una comisión especial, donde estén presentes el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público, las Facultades de Derecho, los abogados. Una comisión como se hizo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Que se nombre o se elija a gente que verdaderamente tenga la calidad moral e intelectual para llevar a cabo una reforma del sistema judicial.

¿Qué sensación le dejó que Elvis Vergara, sindicado como uno de “Los Niños”, presida la Comisión de Ética?

No me llama la atención, que se recurra a personas que no tienen la calidad moral e intelectual para presidir la Comisión de Ética. Esto no puede suceder, pero desgraciadamente vemos que este Congreso viene dando impunidad temporal a algunos congresistas involucrados en actos delictivos, lo mismo que a miembros del Ejecutivo.

Han transcurrido varios meses de la muerte de José Miguel Castro, testigo clave del caso de Susana Villarán, pero no se conoce el resultado de las investigaciones.

No solamente llama la atención el silencio, es extraño también el silencio de parte de la familia ante un presunto asesinato. No necesitamos ser peritos para darnos cuenta de que esto no es un suicidio, sino que es un homicidio. Ahora se le pone un secreto de la necropsia y esto es algo inusitado, porque solamente se decreta secreto en asuntos de Estado que puedan comprometer las relaciones internacionales.

¿Quién se beneficia con la lentitud en el esclarecimiento de la muerte de José Miguel Castro?

Indudablemente, Susana Villarán, que fue la encargada de recibir el dinero ilícito. Es conveniente que los fiscales no actúen impunemente para favorecer a una u otra persona. Es evidente que se trata de favorecer a quienes están involucrados en actos delictivos, y es conveniente de que se intervenga esta situación. Hay muchos fiscales en Lima Sur, Lima Este, que están a favor de los traficantes de terrenos, liberan a avezados delincuentes, y no les pasa nada.

¿En el juicio oral contra Susana Villarán se puede tomar en cuenta lo que declaró José Miguel Castro?

Por supuesto que sí. Esa declaración se ofrece para que se dé lectura y se lleve a cabo lo que conocemos nosotros, lo que dice la ley procesal, el contradictorio. De tal manera que se lleva a cabo un debate sobre lo declarado por José Miguel Castro y con las otras pruebas o las otras declaraciones que figuran en el expediente. Existe una ejecutoria de la Corte Suprema en la que se da valor probatorio porque fue prestada ante el fiscal, y esa declaración tiene todo el valor de instrumento público.

¿Cómo califica el traslado de Martín Vizcarra al penal Ancón II?

Para mí es inconstitucional. El presidente del INPE ha declarado que hay una directiva, y una directiva no puede ir contra lo que se ha resuelto por ellos mismos. Aquí se vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la ley. A Ollanta Humala se le dio esta situación por su condición de presidente de la República, aunque los delitos los cometió antes de ser electo, pero igual se le trasladó a Barbadillo. Entonces, a Vizcarra, que se le está juzgando por hechos delictivos cometidos antes de ser presidente, se le debe aplicar la ley en igualdad de condiciones. Eso lo ha establecido el Tribunal Constitucional, y por encimade lo resuelto por el Tribunal Constitucional no puede estar una directiva del INPE. No soy partidario de Vizcarra, pero creo que al trasladarlo a Ancón II se corre el riesgo que se atente contra su vida e integridad física.

¿Está de acuerdo con la decisión del TC de suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte?

El artículo 117 de la Constitución señala que no se puede acusar, pero no dice que no se puede investigar. No hay ninguna prohibición y ahí está el flagrante delito y la situación la vemos en el caso de Pedro Castillo. La sentencia dice que no se anula lo investigado. En segundo lugar, todas las pruebas que se hayan aportado en las investigaciones tienen el valor probatorio, lo que se suspende es la continuación de la investigación preparatoria. Se lleva a cabo y se faculta de que, frente a hechos o delitos comunes que ha cometido, un presidente de la República, puede ser objeto de una investigación preliminar con la finalidad de realizar diligencias urgentes, necesaria e indispensable. El hecho es que estas investigaciones preliminares no pasan a la investigación preparatoria, porque en esta etapa podría dar lugar a que se pida prisión preventiva.

Sostiene que la vacancia no se va a dar

¿Las nueve denuncias que la fiscal de la Nación hizo contra Dina Boluarte, es una muestra más de la politización de nuestro sistema de justicia?

Desgraciadamente esto dio lugar a que se tome este tipo de decisiones para que no se siga politizando la investigación judicial, para que no se utilice la aplicación de investigaciones con la finalidad de tratar de buscar la vacancia de Boluarte, que no se va a dar porque hay un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se ve reflejado en el aumento del presupuesto al Congreso.

 

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