La suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no es un simple episodio político. Es un recordatorio de que la autoridad, cuando se convierte en resistencia a la ley, deja de ser legítima. Espinoza no fue sancionada por opinar distinto, sino por algo más grave: negarse a cumplir una orden firme, atrincherándose en el cargo como si la función pública fuera un patrimonio personal.
La paradoja es que, al mismo tiempo, impulsaba un pedido para declarar ilegítimo al partido Fuerza Popular. ¿No es contradictorio? Quien desobedece reglas elementales en nombre de su autonomía pretendía, desde su propio escritorio, anular a una fuerza política con representación y respaldo ciudadano. El antecedente de Antauro Humala no puede usarse como comodín. Antauro proclamaba la destrucción de la democracia; Fuerza Popular, más allá de sus cuestionamientos, participa dentro de ella. Equiparar ambos casos es distorsionar la ley con fines políticos.
Pero este episodio revela algo más profundo: el abuso de poder no es exclusivo del Estado. Lo vemos repetirse en instituciones privadas, en colegios profesionales, en asociaciones y, con frecuencia, en clubes sociales. Allí, ciertos directores se comportan con la misma lógica: manipulan estatutos, desconocen reglamentos, realizan contrataciones sin concurso, imponen sanciones arbitrarias. Algunos podrían pensar que lo hacen porque el cargo les quedo demasiado grande o por ignorancia supina, lo real es que lo hacen. No importa si el escenario es público o privado: cuando alguien recibe un poco de poder, se corre el riesgo de que lo use no para servir, sino para servirse.
Y entonces surge la pregunta: ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Estamos normalizando que la autoridad, sea de un fiscal o de un director de club, se convierta en instrumento de conveniencia personal? ¿Aceptamos que el poder, en lugar de tener límites, se acomode al tamaño de la ambición de quien lo ejerce? La decisión de la JNJ nos interpela porque pone sobre la mesa la necesidad de límites claros. Sin límites, cualquier cargo —por más pequeño que parezca— se deforma en propiedad privada. Con límites, en cambio, el poder recupera su sentido: ser un medio para garantizar reglas comunes, no un arma de guerra personal.
Al final, la gran lección es simple: la democracia no se destruye solo con golpes de Estado o discursos incendiarios. También se erosiona lentamente con cada abuso tolerado, con cada director que ignora sus estatutos, con cada autoridad que confunde su rol con un privilegio. La verdadera defensa de la institucionalidad no está en blindar a los poderosos, sino en recordarles que todo cargo es temporal, y todo poder, limitado.
(*) Ingeniero industrial, MBA en Finanzas, Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Email [email protected]
