Homenaje sobre la planificación del rescate a héroes Chavín de Huántar

El 17 de diciembre de 1997, cuando 14 integrantes del MRTA incursionaron en la casa del embajador de Japón, reteniendo como rehenes a más de 800 personas, el gobierno convocó al general de brigada E.P. Augusto Jaime Patiño, jefe de Fuerzas Especiales del EP, y otros miembros, a fin de que seleccionaran a los más capacitados de las Fuerzas Armadas para la liberación de los rehenes.

Se convocó a 142 comandos, los mejores especialistas en cada función que debían realizar; se respetó la meritocracia, elaboraron planes estratégicos para ejecutar el rescate; construyeron una casa similar a la del embajador, donde llevaban a cabo sus prácticas; se construyeron túneles, ejecutados por mineros conocedores de estribo; se infiltraron medios de comunicación entre los rehenes y los comandos.

Nada se improvisó, todo estuvo debidamente planificado, asignándole a cada uno de sus integrantes, previo entrenamiento, la función que debía cumplir al momento de ejecutar la operación de rescate. Quien dirigió el operativo de rescate fue el coronel —en aquella fecha— hoy general de división (R) José Williams Zapata.

El 22 de abril de 1997, a las 3:20 p. m., el coronel Zapata le comunica al general Jaime Patiño que ya están listos para el operativo; y este, a su vez, le informa al general Hermosa Ríos, quien le pide autorización al presidente Alberto Fujimori. Concedida la autorización, esta es transmitida al general Augusto Jaime y este a Williams, dándose inicio al rescate a las 3:22 p. m. Fallecieron, lamentablemente, el coronel Juan Valer, el capitán Raúl Jiménez y nuestro gran amigo y reconocido magistrado Carlos Guisti, asesinados por terroristas.

El éxito de la operación de rescate tuvo reconocimiento mundial, sobre todo porque cada uno de los integrantes de los comandos cumplió fielmente lo planificado.

Cuando Toledo asumió el gobierno, se anunció un paro regional. Qué casualidad que APRODEH, basado en una carta dirigida por Hidetaka Okura (enamorado de una emerretista), “denunció” que había sido testigo de que los comandos habían dado muerte a tres terroristas cuando estaban rendidos, hecho completamente falso.

La fiscalía había iniciado investigaciones preliminares y le solicitó al juzgado de instrucción la detención preliminar de todos los comandos, a lo que se accedió. Como el general de división (r) Augusto Jaime Patiño fue enviado al retiro, la policía lo detuvo en su domicilio y el fiscal le solicitó al juez —y este accedió— QUE FUERA DEPOSITADO EN LOS CALABOZOS DE LOS TERRORISTAS, es decir, una ofensa en contra de quien había luchado contra estos delincuentes.

El general de la PNP Marco Miyashiro, quien había sido rehén, indignado me manifestó que el fiscal denunciante llegaba a diario para comprobar si estaba en los calabozos. Conseguimos que se dejara sin efecto, al término del plazo, la injusta detención.

Los “familiares” de los terroristas, patrocinados por la ONG, denunciaron ante la Comisión IDH el archivamiento de la denuncia; y el ministro de Justicia convocó a los generales y abogados a fin de que se les proporcionara pruebas y asesoramiento. Se les hizo entrega de lo solicitado y, cuando la denuncia llegó a la CIDH, nos enteramos, en una entrevista que nos hizo “Chema” Salcedo, por una llamada de la ministra Fernández, quien hacía seis días había asumido el cargo, que las pruebas entregadas estaban en el despacho ministerial; es decir, NO FUERON ENTREGADAS A LA COMISIÓN IDH, y los comandos estuvieron procesados por más de 20 años.

(*) Exdecano del CAL