Solicitan prisión preventiva contra empresario denunciado por violación en fundo de Virú

La abogada Sofía Pajares Sánchez presentó ante la Fiscalía Provincial de Virú –La Libertad- elementos que sustentan el pedido de prisión preventiva contra el empresario Walter Peña Aldea, a quien sindica como autor del delito contra la libertad sexual en su agravio, ocurrido en noviembre de 2020 en un fundo de Virú. Será la fiscalía la que, de considerar fundados los argumentos, formule el pedido ante el Juzgado de Investigación Preparatoria.

El juicio oral por este caso se iniciará este martes 05 de agosto en la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
En el transcurso de las investigaciones Peña Aldea, dedicado a la crianza de caballos de paso y al entrenamiento de gallos de pelea, ha tratado por diversos medios de revertir la acusación, ha insinuado que la víctima pretende aprovecharse económicamente de él, ha formalizado denuncias por difamación, nunca acudió a las citaciones ni en la policía, ni en la fiscalía y ha salido del país en diversas ocasiones sin que exista impedimento legal para que lo haga.
La abogada sostiene que existe peligro procesal y que el acusado, que enfrenta una eventual condena de 20 años de prisión, tranquilamente podría fugarse y escapar de la acción de la justicia.

El proceso judicial contra Peña Aldea se vio afectado desde el inicio por diversas interferencias originadas por criterios encontrados en el Ministerio Público. Estuvieron a punto de archivar el caso por insuficiencia de pruebas. “Ellos no podían decir tan a la ligera que no había medios probatorios. Es suficiente el resultado del examen médico legista complementado con mi declaración. Yo no tenía una relación amorosa con ese sujeto. Había cumplido 26 años cuando ocurrió el ataque y esa persona tenía 43″, sostuvo Sofía quien en su momento fue diagnosticada con estrés postraumático y depresión.
La decisión de imponer la prisión preventiva o alguna medida restrictiva de la libertad será deliberada durante la audiencia a solicitud de la fiscalía siguiendo el trámite del pedido formal hecho por la víctima del empresario.
