Mucha gente cuestiona al sistema de justicia peruano por aquellos casos de corrupción que son de dominio público. Y bueno, es verdad. Lamentablemente, hay fiscales y jueces corruptos, recontra corruptos. Para muestra, un botón. ¿Qué hacía la fiscal Elizabeth Peralta pelando papas en la casa de las hijas de Chibolín en California, EE. UU.? Y así por el estilo, estamos atiborrados de historias de fiscales y jueces corruptos.
Sin embargo, valgan verdades, así como hay corrupción, también hay probidad en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y lo mismo ocurre en los demás poderes del Estado. Incluso en la sociedad civil. Puede parecer extraño, pero es así… la corrupción convive con la probidad, como la parábola del trigo y la cizaña. Yo puedo dar fe de ello.
No obstante, este artículo se refiere a aquellos lobos disfrazados de corderos, tremendos corruptos y sinvergüenzas, que recurren a cada rato al Ministerio Público para denunciar a los buenos funcionarios estatales, quienes con su accionar honesto y responsable impiden a los corruptos realizar sus fechorías. Sin ir muy lejos, yo estoy lleno de dichas denuncias maliciosas. Incluso, habiendo transcurrido seis años desde que terminé mi gestión de gobernador regional de Ica, sigo recibiendo denuncias. En realidad, se trata de una táctica muy efectiva de las mafias enquistadas en el Estado: ahuyentar a los buenos funcionarios públicos, denunciándolos maliciosamente por todo tipo de delitos.
Delitos que son propios de bandidos de las más bajas estofas: abuso de autoridad, malversación de fondos, colusión, negociación incompatible, omisión de funciones, calumnia, difamación, falsedad genérica, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, o lo que sea.
A ese respecto va una crítica mía al sistema de justicia. ¿Por qué son tan permisivos con aquellos personajes, especialistas en leguleyadas y vericuetos judiciales, que se pasan la vida merodeando por los pasillos de los tribunales de justicia, donde presentan todo tipo de denuncias o querellas maliciosas contra funcionarios probos, las cuales, a la larga, terminan archivándose?
Resulta que para archivar dichas denuncias, por más que no tengan sustento alguno, los jueces y fiscales tienen que esclarecerlas previamente… como si les sobrara el tiempo. Además, ¿cuánto cuestan los atestados que van y vienen por todos lados? ¿Cuánto cuestan las audiencias, citaciones, objeciones, quejas y demás? Y todo por las puras.
Distraer y pretender confundir a jueces y fiscales con denuncias maliciosas debería constituir un delito de suma gravedad. Ante ello, propongo penalizar pecuniariamente y penalmente a todos aquellos denunciantes que presenten denuncias que terminen archivándose.
La idea es limitar las denuncias maliciosas en todo el país, proteger a los buenos funcionarios públicos y liberar al sistema de justicia nacional –Ministerio Público y Poder Judicial– de tanta carga procesal injusta e innecesaria.
Estas son ideas, solo ideas, para cortarle las alas a la corrupción y para que esta no se aproveche abusivamente del ya bastante malogrado sistema de justicia de nuestro país.
(*) Exgobernador regional de Ica.
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