El 19 de septiembre fue asesinada a tiros, en pleno acto de campaña, Susy Aponte, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. Hoy, mientras el país vota en las elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones registra 83 casos de amenazas, extorsión y ataques contra candidatos en 21 regiones, y la Fiscalía contabiliza más de sesenta hechos delictivos vinculados al proceso.
Sostengo que un Estado que convoca a elecciones asume el deber de proteger a quienes compiten: sin seguridad para el candidato no hay sufragio libre para el elector, y esa verdad pesa más en una jornada como la de hoy.
La Constitución lo dice con claridad. El artículo 2, inciso 17, reconoce el derecho de participar en la vida política del país, el artículo 31 protege el derecho a ser elegido, y el artículo 44 pone entre los deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. El artículo 176 va más lejos: el sistema electoral debe asegurar que la votación sea expresión auténtica, libre y espontánea. Una votación bajo amenaza no cumple ese mandato.
Los tratados refuerzan la obligación. El artículo 23 de la Convención Ameri cana y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen votar y ser elegido en elecciones auténticas. La Corte Interamericana, en Yatama contra Nicaragua (2005), recordó que el voto es uno de los elementos esenciales de la democracia y que el Estado debe crear las condi ciones para ejercer los derechos políticos en la práctica, no solo reconocerlos en el papel.
Hay, además, un estándar sobre prevención. Desde Velásquez Rodríguez (1988), la Corte exige al Estado organizar su aparato para prevenir vio laciones evitables, y en Pueblo Bello contra Colombia (2006) precisó que responde cuando conoce un riesgo real e inmediato y no adopta medidas razonables. Después de una candidata asesinada y de decenas de denuncias documentadas por las propias autoridades, nadie puede alegar que el riesgo era desconocido.
Reconozco el esfuerzo institucional de esta jornada: más de seis mil qui nientos fiscales desplegados, noventa y un Jurados Electorales Especiales, supervisión de la Defensoría del Pueblo. Pero la gestión pública se mide por resultados, y estos se verán después, en la protección individual de quienes ya fueron amenazados y en la investigación pronta, seria y pública del ho micidio ocurrido en Áncash. Un crimen electoral que quede impune es un mensaje para todos los demás candidatos del país.
Proteger al candidato es proteger la libertad de quien vota. Cuando se cierren las urnas, la República no solo deberá rendir cuentas sobre la limpieza del conteo, sino sobre las condiciones en que se compitió. Las elecciones se ganan con votos, pero se legitiman con garantías; y entre ellas, la primera es que nadie arriesgue la vida por aspirar a servir a su comunidad.
(*) Catedrático
