«Sin escuelas seguras, la calidad educativa es una promesa vacía», sostiene docente de La Cantuta
Doctor Fernando Antonio Flores Limo, analiza declaratoria de emergencia de la infraestructura educativa en el Perú.
Por: Roberto Sánchez R.
El 24 de agosto de 2026, una pared de concreto se desprendió en la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, ubicada en Punchana, Loreto y dos estudiantes quedaron atrapados; uno de ellos falleció posteriormente y otro resultó herido. Las autoridades investigan las circunstancias y responsabilidades del hecho.
El sismo registrado el 18 de julio afectó instituciones educativas de Chupaca y Huancayo. En la jurisdicción de la UGEL Chupaca se reportaron diez colegios con daños estructurales; algunos presentaban paredes agrietadas, desprendimiento de techos y pabellones inhabitables. Reporte sobre colegios afectados
El doctor Fernando Antonio Flores Limo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, analiza la declaratoria de emergencia de la infraestructura educativa en todo el país desde una perspectiva educativa, social y humana del problema. El Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU publicado el 27 de agosto de 2026 declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública del país.
La decisión reconoce una crisis acumulada durante décadas: colegios deteriorados, obras paralizadas, aulas expuestas a inundaciones y locales incapaces de resistir un sismo de gran magnitud.
Doctor Flores Limo, ¿por qué se califica esta situación como una emergencia nacional?
Porque ya no estamos ante casos aislados de colegios con una pared agrietada o un techo deteriorado. Nos encontramos frente a una crisis estructural que compromete el derecho a la educación, la integridad física de los estudiantes y la continuidad del servicio educativo. Cuando miles de niños y adolescentes estudian en locales expuestos a lluvias, inundaciones, huaicos o sismos, el problema deja de ser administrativo. Se convierte en una cuestión de derechos fundamentales. El Estado no puede hablar seriamente de calidad educativa mientras permite que los estudiantes ingresen diariamente a edificios cuya seguridad no ha sido suficientemente garantizada.
¿Qué importancia tiene el Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU?
Su importancia principal es que el Estado reconoce oficialmente la magnitud del problema. La norma declara en situación de emergencia la infraestructura educativa pública en todo el territorio nacional y encarga al Ministerio de Educación preparar una reforma normativa y proponer la creación de un sistema funcional de infraestructura educativa. Sin embargo, una declaratoria de emergencia no reconstruye por sí misma una escuela. Su verdadero valor dependerá de las decisiones que se adopten después: presupuesto, prioridades, inspecciones, expedientes técnicos, cronogramas, fiscalización y rendición de cuentas.
La norma establece que las medidas no demandarán recursos adicionales al Tesoro Público. ¿Es una contradicción?
Es, por lo menos, una limitación considerable. Se reconoce una emergencia de alcance nacional, pero se dispone que su implementación sea financiada con el presupuesto institucional del Ministerio de Educación. Si la brecha supera ampliamente los S/160,000 millones, no parece razonable pensar que podrá enfrentarse únicamente reorganizando recursos ordinarios. Se requiere un programa multianual protegido, con metas verificables, financiamiento suficiente y mecanismos que eviten que cada cambio ministerial modifique nuevamente las prioridades.
¿Cuál es la verdadera dimensión de la brecha de infraestructura educativa?
Las estimaciones disponibles la sitúan aproximadamente entre S/164.000 millones y más de S/171.000 millones, dependiendo del año y del método empleado. Esto incluye reconstrucción, rehabilitación, saneamiento físico-legal, agua, electricidad, conectividad, accesibilidad, mobiliario y adaptación frente a riesgos naturales. También se ha informado que alrededor de 26.905 locales educativos públicos requerirían sustitución debido a su riesgo estructural, afectando potencialmente a más de 1,2 millones de estudiantes. La insuficiencia presupuestaria es grave, pero no es la única causa
¿El problema se explica únicamente por falta de inversión?
No. La insuficiencia presupuestaria es grave, pero no es la única causa. Encontramos proyectos con terrenos sin sanear, expedientes técnicos defectuosos, contratos mal formulados, empresas insolventes, controversias, arbitrajes, corrupción, falta de supervisión y escasa capacidad técnica en algunos gobiernos regionales y municipales.
El sector Educación concentra cientos de obras paralizadas. Dentro de ellas, se han identificado 113 proyectos correspondientes específicamente a colegios y centros de educación básica, con una inversión aproximada de S/1.179 millones. No estamos hablando únicamente de dinero inmovilizado. Una obra escolar paralizada significa estudiantes hacinados, clases en ambientes prestados, mayores gastos familiares y comunidades que esperan durante años una escuela que nunca termina de construirse.
¿Cómo afecta una infraestructura deteriorada al aprendizaje?
La infraestructura forma parte del proceso pedagógico. Un aula insegura, húmeda, oscura, hacinada o con servicios sanitarios deficientes afecta la concentración, la asistencia, la convivencia y la salud. El miedo también perjudica el aprendizaje. Si un estudiante observa grietas, desprendimientos o filtraciones, no puede experimentar la escuela como un espacio protector. La precariedad prolongada transmite además un mensaje profundamente desigual: que algunos niños merecen instituciones modernas y otros deben conformarse con estudiar entre peligros. La calidad educativa no depende exclusivamente del currículo o del desempeño docente. Requiere condiciones materiales dignas, seguras y adecuadas para enseñar y aprender.
¿Qué revelan los casos recientes de Loreto y Junín?
Loreto representa la dimensión trágica. El desprendimiento de una pared en una institución educativa de Punchana provocó la muerte de un estudiante y dejó a otro herido. Las responsabilidades deben ser determinadas por la investigación correspondiente, pero el hecho demuestra que ningún estudiante debería encontrarse cerca de una demolición o intervención peligrosa sin dirección técnica, aislamiento del área y supervisión profesional. Junín muestra la vulnerabilidad sísmica.
El movimiento del 18 de julio afectó colegios de Chupaca y Huancayo y obligó a instalar aulas temporales para garantizar la continuidad de las clases. Los módulos son necesarios durante una emergencia, pero no pueden convertirse en una solución permanente.
¿El cambio climático está agravando el problema?
Las lluvias intensas, inundaciones, huaicos, desbordes, heladas y erosión del suelo aceleran el deterioro de los locales y exponen las deficiencias de diseños que no fueron adaptados a las condiciones territoriales. No podemos construir el mismo modelo escolar en una zona inundable de Loreto, una quebrada andina, una comunidad altoandina o el desierto costero. La infraestructura debe responder al clima, la geografía, la cultura y los materiales disponibles en cada territorio. La resiliencia climática debe incorporarse desde el expediente técnico, no añadirse cuando la escuela ya está inundada o inhabitable.
