Rospigliosi exige destitución de magistrados por condena de la masacre de Castro Castro
Denunció ante la JNJ a los tres jueces que condenaron a los policías responsables de la matanza
El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, denunció ante la Junta Nacional de Justicia a tres jueces de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria por inaplicar la Ley 32107.
Rospigliosi acusa a los jueces de inaplicar las denominadas leyes «procrimen» del anterior Congreso, pasando por encima de la independencia judicial y la separación de poderes.
Masacre de Castro Castro
En mayo de 1992 el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), las Fuerzas Armadas y la Policía realizaron el Operativo Mudanza 1 para retomar el control del penal Canto Grande.
No obstante, según las pruebas recabadas por la Corte Interamericana, el verdadero objetivo habría sido ejecutar un “ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la vida y la integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1-A y 4-B del Penal Miguel Castro Castro”.
De esta forma, se habría usado el Operativo Mudanza 1 como una pantalla para ejercer violencia desmedida contra los presos senderistas.
Por sus acciones, los jueces superiores Miluska Cano, Otto Verapinto y Helbert Llerena condenaron a 6 policías a penas de hasta 15 años de prisión por la masacre cometida en 1992.
Rospigliosi exige su destitución
Este martes 11 de agosto, Fernando Rospigliosi denunció a estos tres jueces ante la Junta Nacional de Justicia. Se apoya principalmente en que para aplicar el mencionado proceso legal, los jueces inaplicaron dos leyes «procrimen».
Las dos leyes que inaplicaron fueron la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad y la Ley 32419 que concede amnistía a los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1990 y el 200.
Lo jueces se defendieron al declarar que inaplicaron estas normas por considerarlas contrarias a la Constitución Política del Perú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Interpongo denuncia disciplinaria (…) a fin de que la Junta Nacional de Justicia disponga el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente y, una vez actuadas las pruebas y respetado el debido procedimiento, determine la imposición de la sanción de destitución, de acreditarse las faltas graves y muy graves que se exponen en la presente denuncia”, declaró Rospigliosi en su acusación formal.
