Alucinan algunos medios periodísticos cuando estiman que las ocurrencias del Congreso, en torno a la delegación de facultades legislativas, fueron causa de una politización extrema. ¡Nada más absurdo y falaz, si se repara en que todo debate parlamentario es político, por antonomasia!
Al contrario, creo que, en el momento actual, en las grandes contiendas nacionales, se desplaza a la política por un pseudodebate técnico y jurídico. Esto es un craso error en sí mismo. Pero, sobre todo, obnubila la cabal comprensión de las cuestiones que se están discutiendo. Y explica los disparates que atosigan la esfera pública.
El cruce de posturas, ya sea aprobando o rechazando la delegación legislativa, ha girado sobre cualquier cosa, menos sobre el antagonismo político verdadero. El tema fundamental de la pugna era a quién le corresponde legislar sobre los 68 puntos: ¿al Gobierno o al Parlamento, aunque se le llame “Poder Legislativo”? ¿Es acaso el Ejecutivo un mejor legislador? ¿Será menester abrogar la separación de poderes y convertir al Congreso en una representación simbólica, vacía de poderes? Tras las respuestas que demos, habrá que entender, de una vez por todas, que la delegación del art. 104.º constitucional vale solo para asuntos muy complejos o urgentes.
En vez de centrar la controversia en quién legisla, durante tortuosos 90 días el ambiente se infectó con sandeces acerca de qué grupo servía mejor a los intereses populares. Y las invectivas de “filo-terrorismo” o “pro-dictadura”, lanzadas por los bandos en liza, coronaban la clausura de la política en la lid parlamentaria, la prensa y entre el público. Pero ni la majadería ni la ignorancia conocen límites.
Ahora los patéticos protagonistas quieren que el Tribunal Constitucional decida por ellos. Apuestan por judicializar la política, para que los magistrados, y no los representantes políticos, decidan acerca de los problemas nacionales. ¡Qué estulticia más mayúscula!
Mas la cúspide de la necedad corresponde al grupo Buen Gobierno. Buscan que el Congreso aclare la relación competencial de “modificar sin desnaturalizar” entre sus dos cámaras. Descifrar la semiótica de “desnaturalizar”, previamente a todo debate legislativo. Esto guarda coherencia con su ausencia en la Comisión de Constitución del Senado y su vergonzosa abstención en el Pleno. Derrocha espíritu oportunista quien tizna a sus miembros. Tienen horror a tomar posición y asumir responsabilidades. Prefieren acomodarse a las correlaciones de turno.
Estos “centristas” soslayan que desnaturalizar es, jurídicamente, un concepto indeterminado, como buena fe, interés general, bien común, etc. En el mundo del derecho no cabe definirlos en abstracto, como si fuera un diccionario. Sin embargo, son operativamente útiles para decidir, en concreto, sobre casos prácticos. Lo que hacen diariamente los jueces, funcionarios y, por supuesto, los congresistas.
(*) Abogado constitucionalista
