La criminalidad violenta crece; sin embargo, las autoridades encargadas de protegernos no toman ninguna acción basada en planes o estrategias. Deben dejar de lado la devolución de favores políticos o económicos y designar en los servicios de inteligencia a ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía que fueron enviados al retiro por gobernantes anteriores para colocar a personal de su entorno, quienes son grandes responsables de la grave situación en la que nos encontramos.
Con Alberto Fujimori se crearon grupos especiales para investigar y detener a dirigentes de Sendero Luminoso y del MRTA; no se nombró a policías carentes de conocimiento y experiencia. Ello culminó con éxito, así como con la liberación de los rehenes por parte de los comandos “Chavín de Huántar”, con reconocimiento a nivel mundial, porque sus integrantes no fueron improvisados.
Alberto Fujimori promulgó la ley para reprimir el delito de terrorismo, vigente hasta la actualidad. Quienes posean un artefacto explosivo o colaboren en actos de terrorismo merecen hasta 20 años de pena privativa de libertad; y, si hacen uso de una granada o artefacto explosivo y causan la muerte o lesiones graves, les corresponde cadena perpetua.
De tal manera que algunos políticos, para ganar titulares en los medios de comunicación, hayan pretendido tipificar como terrorismo urbano y ahora como organización criminal terrorista lo que ocurre en algunos lugares del país. Ello es inconstitucional; todos somos iguales ante la ley. No se pueden dictar leyes para zonas urbanas, la selva o la costa; la ley es para todos los peruanos.
Alberto Fujimori recurrió a formar comisiones integradas por los mejores especialistas en materia penal y procesal penal para elaborar un nuevo Código Penal, vigente en la actualidad. Este tuvo 452 artículos, pero algunos políticos lo han modificado más de 700 veces. Asimismo, se elaboró un Código Procesal Penal, vigente durante algunos años; y el actual, promulgado en 2024, fue elaborado por los mejores procesalistas.
Ningún excongresista, diputado, senador o funcionario del gobierno o de una institución privada ha hecho eco de las denuncias formuladas por el exministro del Interior y actual defensor del pueblo, según las cuales “altos mandos policiales” están involucrados con bandas criminales. El fiscal de la Nación y fiscales superiores han ordenado que fiscales provinciales denuncien e investiguen, pero estos desacatan las órdenes del fiscal de la Nación y de sus superiores, y archivan las denuncias. ¿Qué nos queda? Resucitar al Chapulín Colorado para que nos defienda.
(*) Exdecano del CAL
