Renovación Popular acusa a JP de boicotear el pedido de facultades
Debate se entrampa en el Congreso y denuncian injerencia de asesores vinculados al Movadef
La bancada de Renovación Popular (RP) acusó a Juntos por el Perú (JP) de boicotear el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, generando tensión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que ayer postergó la sesión para hoy tras un accidentado debate.
El vocero de RP, Aldo Bravo, cuestionó a la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, por un manejo “sesgado” y señaló la influencia de asesores vinculados a Roberto Sánchez y al Movadef, agrupación sindicada como brazo político de Sendero Luminoso. “Juntos por el boicot, en vez de Juntos por el Perú, está haciendo una labor de obstaculizar al Ejecutivo y al Congreso”, afirmó.
La sesión, en la que se debate el dictamen de dicho grupo de trabajo para archivar el pedido de facultades legislativas, fue suspendida hasta hoy a las 9 a.m., luego de que Avendaño rechazara la moción de censura presentada por Fuerza Popular por “falta de transparencia” y “deficiente manejo” de la Mesa Directiva. Durante más de dos horas apenas se debatió el tema de seguridad ciudadana, una de las ocho materias solicitadas por el Ejecutivo.
Ante esta situación, la jefa de Estado, Keiko Fujimori, expresó: “Están agotando nuestra paciencia”. “Se ha presentado el pedido de facultades al Congreso de la República, llevan cuatro semanas y hasta ahora nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia (…)”, agregó.
Por su parte, la bancada del Partido del Buen Gobierno en la Cámara de Diputados presentó un texto sustitutorio que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días, pero restringiendo el pedido original del gobierno a los temas urgentes y prioritarios de lucha contra la inseguridad y el Fenómeno del Niño.
Permitirán reforzar el control fronterizo con PNP y FF.AA.
Keiko Fujimori aseguró que las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo permitirán reforzar el control fronterizo con la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Desde Chincha, la mandataria explicó que el objetivo es enfrentar la criminalidad transnacional mediante un marco legal que habilite operativos de inteligencia y patrullaje en zonas limítrofes.
“Vamos a necesitar del pedido de facultades para poder incorporar a nuestras Fuerzas Armadas con la Policía Nacional”, señaló.
