Relator especial de Naciones Unidas considera atendible suspender ratificación de jueces y juezas
Por su parte, el juez supremo César San Martín señala que magistrados/as no están en contra de la evaluación.
El relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, sostuvo que el Reglamento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre el procedimiento de ratificación nacional de jueces y juezas, “no cumple” lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la sentencia Cuya Lavy y otros vs. Perú.
En tal sentido, consideró atendible lo planteado por la Corte Suprema y el Ministerio Público de suspender el referido proceso de ratificación de magistrados a cargo de la JNJ –el cual ha sido aplazado hasta junio próximo– y que adapte esta institución sus disposiciones a lo establecido por la CoIDH.
Así lo refirió en el conversatorio promovido por la asociación civil Escuela Garantista “Ratificación de Magistrados y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en el que también participó el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, César San Martín Castro.
“Tenemos un reto tremendo de una adecuación reglamentaria evidentemente necesaria. Todo funcionario debe someterse a la evaluación constante y permanente, pero respetándose los estándares establecidos dentro de la justicia, sabiendo que el principio de inamovilidad es un componente esencial de la independencia judicial”, expresó García Sayán.
De ese modo, refirió que cualquier modificación reglamentaria sobre el mencionado procedimiento tiene que establecer explícitamente cuáles son las causales de la separación de un magistrado/a y las faltas disciplinarias graves o incompetencias que podrían generar su no ratificación o exclusión dentro de los estándares que plantea la CoIDH.
“Deben respetarse las garantías del debido proceso y que se apliquen no solo para los procesos penales sino para los contenciosos administrativos, asimismo, el derecho a recurrir a una instancia independiente”, puntualizó.
SAN MARTÍN CASTRO
Por su parte, San Martín Castro indicó que el análisis de idoneidad de un magistrado/a en el proceso de ratificación “debe estar sujeto a un procedimiento transparente con pautas preestablecidas de productividad y gestión, y con un pliego de cargos que den lugar a una etapa probatoria formalizada bajo causales de incompetencia o bajo rendimiento, como la sentencia en cuestión señala”.
“Los jueces no estamos contra del concepto e institución de la evaluación que está desarrollada en las leyes de la carrera judicial y fiscal pero que no se han implementado debidamente”, afirmó.
Además, refirió que los evaluadores deben partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema y no someter las decisiones de esta alta instancia del Poder Judicial al criterio de terceros. “En cualquier país es inaceptable que la Corte Suprema sea controlada en su nivel de decisiones por otro órgano”, subrayó.
El juez supremo dijo que la Sala Plena de la Corte Suprema está en disposición de construir vías de diálogo y planteamientos de discusión, decisión y coordinación sobre el referido procedimiento.
Durante este evento el abogado Luis Pásara también hizo comentarios sobre el tema a través de un video grabado.