La decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de archivar la denuncia contra el fiscal supremo Pablo Sánchez fue duramente cuestionada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien señaló que con esto se busca proteger al director de la ONG IDL, Gustavo Gorriti.
Como se sabe, Sánchez era investigado por ordenar que se interrumpa una diligencia en las instalaciones de IDL, cuando era titular del Ministerio Público, ante un requerimiento del propio Gorriti, hecho que fue confirmado por este último.
“Me parece un bastante insultante al país que la fiscal de la Nación (Delia Espinoza) archive el caso flagrante del señor Gorriti. El señor Gorriti, grite, mangonee al fiscal de la Nación de un país, que interrumpa una diligencia fiscal cuando su propio abogado, en plena diligencia, le dice ‘está bien’”, indicó el burgomaestre, quien señala que se busca blindar a Gorriti.
En tal sentido, López Aliaga sostuvo que por este tipo de decisiones es necesario que se declare en reorganización el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“El señor Gorriti debería explicar eso ante el Congreso de la República, porque ya la Fiscalía es un desastre. El Congreso, en mi opinión, debería declarar la reorganización absoluta, igual que el Poder Judicial”, expresó.
En julio del 2028, el fiscal Rodrigo Rurush realizó una diligencia de exhibición de documentos en las oficinas de IDL-Reporteros, luego de que publicaran una investigación periodística en la que revelaron varios audios que dejaban al descubierto presunto tráfico de influencias entre integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero esta fue interrumpida a pedido de Gorriti.
DECISIÓN GENERÓ INDIGNACIÓN EN EL FISCAL RURUSH
El exfiscal adjunto provincial Rodrigo Álvaro Rurush Castillo señaló que la decisión de la Fiscalía de la Nación en el caso de Pablo Sánchez, “más allá de generarme alguna sorpresa, me genera indignación”. “Pese a los elementos de convicción suficientes, ha optado por archivar la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez Velarde. Esto genera un precedente negativo para los fiscales”, indicó. Con ello, explicó, ahora los fiscales están sujetos a que cualquier fiscal supremo, fiscal de la Nación, fiscal superior, pueda llamar e interrumpir y amenazar la autonomía del fiscal.
