La actual incertidumbre política que nos toca vivir también influye a los cambios en materia laboral que se vienen esperando hace mucho tiempo, y esto se agrava con el estado de emergencia nacional que pasamos por la Pandemia del COVID-19.
Nunca antes y en demasía se viene contratando de forma muy informal a los trabajadores en nuestro país. Tal parece que la formalidad laboral no se toma en cuenta perjudicando al sector trabajador, y generando también muchas contingencias al sector empleador que no asume el rol que le corresponde dentro de la relación de trabajo, toda vez que se toma el riesgo de seguir contratando fuera de planillas.
Hasta el día de hoy no hemos escuchado propuestas claras y de cambio por ninguno de los dos candidatos por quien debemos elegir el próximo domingo 06 de junio.
Según datos estadísticos el 2020, 2 millones 231 mil peruanos perdieron su empleo por el COVID-19, muchos de ellos fueron despedidos arbitrariamente, pasados a suspensión perfecta, incluidos en ceses colectivos, entre otras alternativas laborales utilizadas por el empleador a veces de manera desmedida.
No existe promesa de ninguno de los dos candidatos para recuperar de manera efectiva los puestos de trabajo. No solo basta decir que se defenderá a capa y espada el derecho al trabajo y a la seguridad social, pues no existen ni conocemos cuáles serán las medidas que se implementarán para ello.
Se pretende abolir cualquier forma de evasión de responsabilidad laboral empresarial que emane del empleador, dejando sin efecto la tercerización, las services, los contratos a plazo fijo, protegiendo a las madres embarazadas, puérperas, entre otros. Lo que no se ha señalado tampoco es cuáles serán las medidas que se adoptarán para tal efecto.
Se habla también de la creación de un Código Laboral, cuando ni siquiera hasta el día de hoy se ha podido aprobar la Ley General del Trabajo encarpetada hace muchos años.
Se pretende incrementar la remuneración mínima vital que en la actualidad asciende a 930 soles, cuando sabemos que este ofrecimiento populista no podría ejecutarse en el corto plazo por la crisis económica y fiscal que afronta el país por la pandemia.
Se pretende afianzar la libertad sindical, cuando sabemos que en la actualidad muchos empleadores se niegan a negociar con sus sindicatos, y así también muchos dirigentes sindicales utilizan de manera indebida su licencia sindical para no trabajar alegando protección legal al respecto. Se pretende fortalecer el empleo en las micro, pequeñas y medianas empresas, cuando sabemos que este sector ha sido el más perjudicado durante el estado de emergencia sanitario.
Por último, se pretende continuar con los programas sociales por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuando se conoce que la precarización del empleo es más fuerte que la formalización laboral.
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(*) Abogado Laboralista
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