Las cifras de las diversas modalidades delictivas están siendo más altas que en años anteriores. Estamos atravesando una crisis política, problemas de corrupción e impunidad, un Ministerio Público cuestionado, una justicia que también tiene problemas, la PNP que aún no ha sido modernizada, con muchas carencias y teniendo además problemas de corrupción.
La delincuencia organizada es hoy una de las principales amenazas que tiene la sociedad en su conjunto, no solo porque puede verse afectado sus bienes y patrimonio, también está en riesgo su integridad física y hasta su propia vida. Recordé el libro del general y congresista Roberto Chiabra León, pues estuve en el panel hace años cuando en la ciudad de Tacna presentó su libro.
Al leerlo nuevamente me pareció importante compartir algunas partes y propuestas. El título del libro es ‘Claves para entender la seguridad nacional en el siglo XXI’. La amenaza de inseguridad ciudadana que hoy vivimos, por su complicidad y magnitud, debe ser enfrentada y combatida al más alto nivel de Gobierno, cosa que no ha ocurrido con este Gobierno, ni con Pedro Castillo.
El Estado dispone de la PNP, como elemento constitucional para mantener, garantizar y restablecer el orden público. En mi opinión, ya llegamos a un ‹breaking point’ o punto de quiebre, donde la ciudadanía tiene un alto grado de riesgo de ser la próxima víctima de esta vorágine delictiva, que no tiene cuándo acabar y, por el contrario, se incrementa sostenidamente.
El Estado ejerce potestad jurídica por medio de la ley y facultad ejecutiva por medio de la PNP para garantizar la estabilidad, el orden público, así como los derechos individuales de las personas. Como bien señala en su libro el congresista Chiabra, la estabilidad y paz social es el orden interno y las libertades y paz personal a la seguridad ciudadana.
En caso sea necesario, la Constitución tiene previsto la participación de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno por un determinado tiempo, aclarando que la declaración del estado de emergencia, con la participación de las Fuerzas Armadas, debe ser solo para los casos de orden interno (estabilidad y paz social), según lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución, más no para los casos de orden público (paz pública).
Frente a este panorama, el Gobierno central debe trabajar de manera urgente una clara política pública anti delito, para que de allí salgan planes, estrategias y diseños.
Con ello se estarán sentando bases para reducir en mediano y largo plazo, el número y frecuencia delictiva. Para enfrentar de manera adecuada los fenómenos delictivos, hay que ser solidarios como comunidad y para ello hay que asumir una cultura de seguridad preventiva integral, como una norma de vida. Así la seguridad ciudadana dejaría de ser ‘Tarea de Todos… Responsabilidad de Nadie’.
Finalmente, hacemos la invitación para que acudan a la Feria Internacional Seguritec 2024, del 22 al 24 de mayo, desde mediodía hasta las 7:00 p. m. en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú.
(*) Presidente de Aprosec.
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