El caso de la agresión sexual contra un alumno del Liceo Naval Almirante Guise también alcanza a tres adultos —el chofer, un profesor y un entrenador— que se encontraban en el bus donde ocurrió el hecho. Jorge Petrozzi, abogado de la familia del menor, sostuvo que los docentes podrían ser investigados por no haber intervenido para impedir el ataque y que, de establecerse responsabilidades, la sanción podría llegar hasta los 30 o 31 años de prisión.
El abogado explicó que los adultos tenían un deber de protección frente a los estudiantes y que su eventual inacción podría ser considerada bajo la figura de comisión por omisión, contemplada en el artículo 13 del Código Penal.
Según su versión, no se trataría únicamente de determinar quiénes participaron directamente en la agresión, sino también de establecer qué hicieron quienes tenían la obligación de resguardar al menor.
Petrozzi diferenció al conductor de los dos profesores, al considerar que el primero estaba dedicado a manejar y no tenía como función específica custodiar a los escolares. En cambio, sostuvo que los docentes deberán explicar por qué no actuaron.
