La desaprobación del Congreso, según una reciente encuesta, alcanza el 90%, y se lo vienen ganando a pulso, sobre todo con casos como el de la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), Rosio Torres Salinas, quien, según un informe de Punto Final, habría obligado a sus trabajadores a depositar parte de sus sueldos para su sobrino.
Ante esta situación, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia contra la parlamentaria por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, solicitó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el inicio de las diligencias preliminares para investigar este caso. En tanto, a través de un comunicado, el grupo parlamentario de APP exigió a la legisladora una aclaración pública respecto a esta denuncia periodística y la convocará para recibir sus descargos.
Igualmente, la bancada decidió retirar a Torres Salinas de la Comisión de Ética, a la que pertenecía, con el fin de garantizar la independencia de las investigaciones a nivel parlamentario. Rosio Torres negó la acusación.
