Procuradora afirma que no pidió detención de Mazzetti y Astete
Solo de los miembros de la comisión para la adquisición de vacunas
Pese a que sus nombres figuraban bien claros en la solicitud, la procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas Espinoza, aclaró que no pidió la detención preliminar por siete días de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la excanciller Elizabeth Astete.
La representante de la Procuraduría General precisó que, en el petitorio, difundido por la prensa el último viernes, no incluye a las exministras sino a los miembros de la Comisión Multisectorial para la adquisición de vacunas. Todos están involucrados en el caso Vacunagate.
Sin embargo, el mencionado documento dice textualmente lo siguiente: “(…) Solicito se requiere al Juzgado de Investigación Preparatoria competente el pedido de detención preliminar, por el término de 7 días naturales, contra los siguientes ciudadanos”.
LA LISTA
Luego aparece la lista con los nombres de Germán Javier Málaga (jefe del programa de ensayos clínicos de Sinopharm e investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, UPCH), Carlos Julio Castillo Solórzano (asesor en Inmunizaciones del Ministerio de Salud), Mario Rodolfo Tavera Salazar (asesor del Minsa para la Comisión de las Vacunas), Pilar Elena Mazzetti Soler (ministra), Esther Elizabeth Astete Rodríguez (ministra), Alejandro Joaquín Busseleu Rivera (vicerrector de la UPCH), Orestes Cachay Boza (rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos), Jorge Arturo Jarama Alván (director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores) y Óscar Rafael Suárez Peña (cónsul general del Perú en Vancouver).
Cabe señalar que ninguno figura con sus cargos, pero sí con sus nombres completos y su DNI. Pilar Mazzetti aparece con el número 4 y Elizabeth Astete con el 5.
CAYETANO HEREDIA
No se menciona al rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Luis Varela Pinedo, ni a José Espinoza Babilón, vicerrector de la misma casa de estudios, quienes también fueron vacunados con una de las dosis del lote extra de Sinopharm. Ambos renunciaron a sus cargos hace unos días.
La investigación será por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. El caso estará a cargo del abogado Javier Alonso Pacheco Palacios, como procurador público.
