Presidente del Congreso promulgó ley que aparta a policías y militares de la justicia ordinaria por delitos de función
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó una ley que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal. La norma establece que los integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas serán procesados únicamente por el fuero militar policial cuando sean investigados por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
Según informó el Congreso, la promulgación se realizó en uso de sus atribuciones constitucionales, luego de que el Poder Ejecutivo no observara ni promulgara la autógrafa dentro del plazo legal de 15 días. La ley también prohíbe que un mismo efectivo sea juzgado de manera simultánea en la justicia ordinaria y en la militar policial por los mismos hechos, que impide ser procesado dos veces por un mismo caso.
La norma dispone además que, en caso de conflictos de competencia, la Sala Penal de la Corte Suprema deberá priorizar la jurisdicción militar policial cuando los hechos investigados se hayan producido durante el cumplimiento de funciones o acciones militares. Asimismo, precisa que para las Fuerzas Armadas se considerarán delitos de función aquellos cometidos en operaciones militares o durante estados de emergencia, mientras que para la Policía Nacional abarcan acciones vinculadas a la prevención e investigación del delito, control de identidad, inteligencia y vigilancia de fronteras, entre otras.
El texto legal también incorpora la pena de cadena perpetua para los efectivos que colaboren con organizaciones criminales aprovechando su cargo. La iniciativa, impulsada por proyectos de diversas bancadas, fue aprobada pese a los cuestionamientos de congresistas como Ruth Luque, Sigrid Bazán y Flor Pablo, quienes solicitaron reconsiderar la votación al considerar que la propuesta ampliaba de manera indebida el concepto de delito de función. En contraste, legisladores como José Cueto y César Revilla respaldaron la medida al sostener que estos casos deben ser resueltos por la jurisdicción militar policial.
