El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Parlamento Nacional contra el congresista Darwin Espinoza por la presunta comisión de los delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso, en agravio del Estado peruano.
Según el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, el legislador —en presunto abuso de su cargo— habría obligado a trabajadores de su despacho a realizar aportes de sumas de dinero.
Dicho dinero, de acuerdo con el Ministerio Público, fue destinado a la compra de obsequios y actividades de recolección de firmas en diferentes provincias de Áncash.
Además, habría sido utilizado para cubrir sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación para asistir a dichas actividades.
