La audiencia de prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional del Callao,
Ciro Castillo-Rojo, derivó en un episodio alarmante que pone en cuestión la transparencia judicial. En plena diligencia, el magistrado Edie Walther Solórzano denunció haber recibido comunicaciones impropias destinadas a influir en su criterio jurisdiccional.
Según relató, fue objeto de una llamada telefónica no solicitada proveniente de familiares de Jimmy Alexander Bocardinas, coinvestigado en la presunta red de corrupción que involucra a Castillo. “Se trata de una comunicación absolutamente impropia, ajena a los canales legalmente previstos”, sentenció el juez en audiencia pública.
Con tono firme, rechazó cualquier intento de presión y advirtió que sus decisiones se adoptan únicamente sobre la base de lo actuado en el proceso. El magistrado alertó que este tipo de actos no solo entorpecen la justicia, sino que constituyen una falta ética y legal que no será tolerada. Ante la gravedad de lo ocurrido, anunció que pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades para que se investigue un posible tráfico de influencias o coacción.
Mientras tanto, el proceso contra Castillo sigue marcado por la clandestinidad del gobernador, cuya ubicación continúa siendo un misterio para la Policía Nacional.
