Se pretende sostener que lo realizado por el presidente de la República, José Leri, es fruto de su inexperiencia, de su juventud, de una venganza o de una trampa. Pero analicemos objetivamente: lo que muestran los videos son, única y exclusivamente, visitas a un chifa y una tienda.
Para darle credibilidad a lo que se sostiene, podrían aceptarse dichos argumentos si hubiera sido obligado a acudir a esos lugares, con una vestimenta camuflada y en una tienda en Capón.
Sin embargo, los abogados ofrecen versiones distintas que, lejos de ayudarlo, lo contradicen, admitiendo que el propietario tiene vinculaciones con diversos contratos celebrados con el Estado e incluso que ha intervenido como subcontratista desde la época de Castillo, con montos millonarios. Además, cuando quiso pagar lo que había adquirido, no se lo permitieron, manifestando en la caja que era una cortesía.
El Código Penal señala expresamente que cualquier promesa o donación constituye cohecho, además de los delitos por los cuales el Fiscal de la Nación lo investiga.
Recordemos cómo han concluido los últimos presidentes: vacados por el Congreso de la República debido a inconductas que lindan con el delito. Considero que, en gran parte, como electores somos responsables de haber elegido a candidatos que no lo merecían, sobre todo cuando tenemos más de 80 congresistas investigados y denunciados por actos delictivos, blindados por sus colegas.
Ahora, algunos de ellos pretenden postular como senadores y diputados, lo que significaría cinco años más de impunidad. A esto se suma que los dirigentes priorizan a ciertos candidatos por las sumas que aportan, provenientes —según se afirma— de la minería ilegal, el tráfico de drogas y la corrupción.
Es decir, nos engañan e inducen a error para votar de manera global y no individual. Con la gran cantidad de candidatos y el poco tiempo para decidir, lógicamente se vota sin escoger. Se podría denunciar por estafa a los dirigentes, porque sufrimos daños económicos. Propiciemos un referéndum para la revocatoria del mandato de senadores y diputados a la mitad de su periodo, y evitemos que permanezcan cinco años más, retirándose luego con su último sueldo.
Otro tema es la extradición de Erick Montero Hernández, alias “El Monstruo”. El exministro del Interior, José Santibáñez, y el Defensor del Pueblo han denunciado que altos mandos policiales están involucrados con bandas criminales. En la investigación preparatoria que se sigue por el secuestro de una empresaria, el 18 de mayo de 2024 se mostró a todos los integrantes una foto en la que mi defendido, Jesús Santos Victorio Acuña —quien acudió a indagar sobre el avance de las investigaciones, dado que la agraviada es sobrina carnal de su pareja— aparece conversando con el coronel PNP, jefe de Secuestros.
Este se jactaba de tener un policía en actividad infiltrado en la Dirincri y de pasarle fotos de las personas que se reunían con él. Es necesario que se tomen medidas respecto a los celulares que portaba dicho sujeto. Un policía declaró que, en efecto, sí hay un agente infiltrado y que ello es de conocimiento del general jefe de la Dirincri, el coronel PNP Montúfar, jefe de Robos, junto con otros altos mandos policiales.
Rechazo el agravio de generalizar que los exdecanos del CAL, a partir del 2010, no nos hemos preocupado por defender a los abogados.
(*) Exdecano del CAL.
