Poder Judicial rechaza pedido de Julián Pérez para retirar certificado médico de su expareja
El Poder Judicial declaró improcedente la solicitud del diputado Julián Pérez Mallqui para excluir de la investigación el certificado médico legal de su expareja, quien lo denunció por presuntas agresiones. Con esta decisión, el documento continuará formando parte de las pruebas incorporadas al expediente.
PJ desestima cuestionamientos de la defensa
El pedido fue evaluado por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien consideró que los argumentos presentados por la defensa del parlamentario no eran suficientes para retirar el informe médico del proceso.
La defensa cuestionó las características de las lesiones descritas en el documento, señalando que no se habrían detallado con precisión aspectos como el color, la forma y las dimensiones de las marcas identificadas durante la evaluación.
Sin embargo, el magistrado determinó que estas observaciones no justificaban excluir el certificado médico legal, elaborado por un especialista del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.
El informe consigna equimosis en el brazo y la pierna de la denunciante, hallazgos que forman parte de los elementos evaluados dentro de la investigación.
La decisión judicial no determina la culpabilidad del diputado ni constituye una sentencia condenatoria, sino que establece que el documento médico permanecerá en el expediente.
Denuncia por presuntas agresiones
El caso se originó el pasado 30 de julio, cuando la expareja de Pérez Mallqui reportó una presunta agresión en el distrito de San Miguel. Los hechos son investigados por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.
En paralelo, la Comisión de Ética del Congreso evaluó el caso y aprobó un informe que recomienda suspender al parlamentario durante 120 días. Esta propuesta corresponde al ámbito parlamentario y es independiente de la investigación judicial.
De esta manera, el certificado médico legal continuará siendo parte de los elementos disponibles para esclarecer los hechos denunciados, mientras las autoridades competentes prosiguen con las actuaciones correspondientes.
La decisión del Poder Judicial mantiene vigente esta prueba dentro de la investigación, sin adelantar una conclusión sobre la responsabilidad penal del legislador.
