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Poder Judicial Peruano es tomado como ejemplo en la región sobre acceso a la justicia para poblaciones vulnerables

Fue durante el primer día del VIII Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica, realizado en Huancayo.

Desde Huancayo, Junín, la jueza suprema Janet Tello Gilardi sostuvo que el Poder Judicial del Perú es tomado como ejemplo en la región sobre la experiencia en la aplicación de políticas referidas al acceso a la justicia para las poblaciones vulnerables.

Fue durante la primera jornada del VIII Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y X Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores y Responsables del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizado hoy en esta ciudad del centro del país.

La magistrada señaló que el coordinador de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Juan Martínez Moya, ha destacado que el Poder Judicial Peruano, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia, está a la vanguardia en la aplicación de este importante instrumento internacional.

Tello Gilardi, quien preside la referida comisión permanente de la institución judicial, señaló también que el extranjero es reconocido el Sistema de Justicia Itinerante cuyos beneficiarios son poblaciones vulnerables sin posibilidad de desplazarse hasta una sede judicial debido a sus condiciones de pobreza.

MÁS DE 200 MIL

Cabe señalar que desde el 2018 al presente, la justicia itinerante atendió en todo el país a más de 210 mil personas, realizó más de 560 campañas e instaló más 420 mesas de partes y llevó a cabo más 2 mil 500 audiencias itinerantes a través de las 34 comisiones distritales.

“Las juezas y jueces han salido de sus despachos, aún en pandemia, para brindar asesoría en temas de alimentos, filiación, rectificación de partidas o denuncias por violencia familiar”, subrayó.

En el encuentro, la magistrada presentó el informe de cumplimiento de las Reglas de Brasilia, llevado a cabo a través del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, reconocido como el primer instrumento de gestión de política pública del Poder Judicial del Perú.

Tras instar a las presidentas y presidentas de las cortes superiores a aplicar las Cien Reglas de Brasilia, informó sobre seis categorías que ha trabajado el mencionado plan durante los últimos cinco años referidas a infraestructura y equipamiento, normativas, servicios judiciales, capacitaciones, publicaciones y difusión de la labor realizada.

En tal sentido, destacó la aprobación de 18 documentos de trabajo como directivas y protocolos, entre ellos el de la entrevista única para niñas, niños y adolescentes en Cámara Gesell o el de mediación juvenil, así como la publicación de formularios de demanda por alimentos o por filiación.

Agregó que para la promoción de la cultura jurídica ciudadana y acercar los servicios esenciales a la comunidad, el Poder Judicial realiza de manera simultánea en todo el país, las “Ferias Llapanchikpaq Justicia” que traducido significa “Justicia para todos”.

Informó que, en total de 2016 al 2021, la Comisión realizó 73 ferias y campañas, llegando a más de 64 mil 800 beneficiarios directos, en tanto que, entre esos años, las 34 comisiones distritales hicieron 1,194 ferias y campañas, logrando beneficiar a más de 306 mil, en todo el país.

 

NO DEBE PARAR

Agregó que, si bien este trabajo fue llevado durante cinco años, no debe parar ante lo cual, con las diferentes cortes están elaborando en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Poder Judicial al 2030.

En sus palabras de bienvenida al encuentro, el presidente de la Corte de Junín, Luis Miguel Samaniengo, agradeció la presencia de sus pares de los diferentes judiciales del país.

La inauguración del certamen estuvo a cargo de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, quien destacó la importancia del encuentro como foro especializado para fomentar una política inclusiva en la región para mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables.

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