La solicitud de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato para que se incluya a ocho empresas como terceros civilmente responsables en el proceso penal denominado “Club de la Construcción” fue declarada fundada ayer por el Poder Judicial.
Según la resolución, emitida el pasado 4 de octubre por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, las empresas Superconcreto del Perú S.A.C, Enerjoprojekt Niskograndja S.A., Conalvías Construcciones S.A.S; Obrascon Huarte Lain S.A., Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C., CONCAR S.A., Aramayo S.A.C. Contratistas Generales (ARAMSA) y C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A. (CAMESA) deben ser incorporadas al mencionado caso, con el fin de que ante una eventual condena asuman el pago de la reparación civil de manera solidaria junto con los investigados.
Los representantes de las referidas empresas, según el Ministerio Público, entre los años 2011 y 2014, habrían concertado la distribución de obras a favor de estas compañías.
