Los 140 mil efectivos de la PNP deben haber quedado absortos y plenamente convencidos de que su actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, es un hombre que cumple lo que promete.
Un ministro del Interior es el líder político de las fuerzas de policía y seguridad, cuya profesión es una suerte de apostolado, en el que juramentan servir a la sociedad y a la Patria hasta ofrendar sus vidas. El ministro Santibáñez, hace algunos meses, anunció que daría de baja a 800 miembros de la PNP, desde el grado de alférez hasta el máximo grado de general, y está cumpliendo con su promesa.
Ha inducido a la presidenta y al Consejo de Estado a participar en este proceso, mediante el anuncio de la consolidación de esta medida, que muchos consideran un atropello y violación de los derechos humanos de los policías del Perú. En primer lugar, ¿con qué derecho el ministro del Interior y los políticos actuales privan a la población peruana de 800 de sus policías en medio de la más grave crisis de seguridad de las últimas décadas? Entre los afectados se encuentran oficiales y suboficiales que han destacado combatiendo la corrupción y el crimen en todas sus modalidades.
La sociedad peruana será la directamente agraviada con esta medida. Con el actual número de miembros de la PNP, tenemos un promedio de 1 policía por cada 230 habitantes. Expulsar a 800 miembros implica dejar en el desamparo de seguridad policial a más de 185 mil peruanos. Muchos de los expulsados han cursado estudios superiores en el extranjero, cuyos altos costos han sido pagados por todos los peruanos. ¿Con qué derecho los políticos corruptos privan a la sociedad peruana mediante medidas injustificadas e inconstitucionales?
La única forma de expulsar a un policía de la institución es mediante una sentencia judicial condenatoria y un debido proceso, respetando su presunción de inocencia y demás derechos constitucionales. Obrar arbitraria y abusivamente como lo está haciendo el actual gobierno pisotea los derechos de 800 policías, quebrando el orden constitucional y afectando gravemente la institucionalidad de la PNP.
Además, todos los policías expulsados deberán recibir sus pagos indemnizatorios y sus sueldos completos, generando una indefensión mayor frente a la criminalidad desbordada y un gasto innecesario para la sociedad.
Este gravísimo atropello es el más claro ejemplo de que este gobierno, con su ministro del Interior a la cabeza, no sabe lo que hace en materia de seguridad ciudadana o, en su defecto, sigue consignas encubiertas del comunismo internacional. No dudamos que entre los expulsados se encontrará el General Oscar Arriola, cuyo trabajo en la DIRCOTE ha sido fundamental para declarar al MOVADEF como una organización criminal terrorista.
Este gobierno ha resultado peor que los precedentes en materia de respeto de derechos humanos de los policías del Perú. No debemos olvidar que el estudio Santibáñez Antúnez, del actual ministro del Interior, se especializaba en la defensa de policías abusivamente expulsados y en lograr sus reincorporaciones. ¿Qué ha cambiado ahora?
Un consejo a los policías víctimas de este atropello: no vuelvan a contratar los servicios de un abogado que ahora, como ministro del Interior, no ha vacilado en expulsar a 800 policías. Aléjate del puñal del asesino de tu profesión.
- Presidente de APROSEC.
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