En los últimos meses, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Poder Judicial embargar los bienes inmuebles de Pedro Castillo y Anibal Torres, en el marco de las investigaciones que se les sigue por el delito de rebelión tras el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022, ante ello, el Juzgado Supremo de la Corte Suprema de Justicia se pronunció y decidió declarar fundadas las solicitudes de embargo a los exfuncionarios.
El juez a cargo fue Juan Carlos Checkley, quien ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro de las propiedades de José Pedro Castillo Terrones, ubicadas en Anguía-Chota-Cajamarca y en el pueblo de Tacabamba.
En el caso del exprimer ministro Aníbal Torres Vásquez se embarga en forma de inscripción e inhibición nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo.
Como se recuerda, la Procuraduría General del Estado ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles.
