El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos impuesta por el expresidente Pedro Castillo a fin de frenar las indagaciones que se realizan sobre su responsabilidad en el intento de golpe de Estado del último 7 de diciembre del 2022.
Al exjefe de Estado se le atribuyen los presuntos delitos de rebelión y conspiración, caso por el cual cumple una prisión preventiva en el penal de Barbadillo ubicado en el distrito de Ate. Además, se le impuso una segunda medida restrictiva contra su libertad por casos de corrupción.
“El exmandatario conoce plenamente los cargos y hechos que le imputa la Fiscalía, el grado de su participación y los elementos de convicción que sustentaron la formalización de la investigación preparatoria en su contra”, señaló el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Asimismo, e magistrado consideró que no ha habido vulneración del “principio de imputación necesaria o suficiente, o que se hayan afectado los derechos” del exmandatario en la investigación preparatoria.
