PJ impulsa red eurolatinoamericana para combatir corrupción y crimen transnacional

El Poder Judicial del Perú, que preside Janet Tello Gilardi, presentó el proyecto de Estatuto de la Red Eurolatinoamericana de Extinción de Dominio, una alianza judicial internacional que reunirá a juezas y jueces especializados para enfrentar a la corrupción y el crimen organizado transnacional.

La iniciativa es promovida en coordinación con el PACCTO 2.O, que es un programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, destinada a reforzar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y a fortalecer la institución de justicia y de seguridad.

De ese modo, la red busca impulsar una justicia más articulada, efectiva y coherente con los estándares internacionales al fortalecer las acciones judiciales orientadas a la recuperación de activos ilícitos.

Participaron en la reunión preparatoria virtual de la red el juez supremo y coordinador del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio de nuestro país, Manuel Luján Túpez (desde Palacio de Justicia); el experto principal de lavado de activos y recuperación de activos del PacCTO 2.0, Daniel Francisco.

Asimismo, estuvieron presentes en la cita virtual representantes de los poderes judiciales de Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Italia, México, Guatemala, entre otras autoridades invitadas, desde sus propios países de origen.

Luján Túpez advirtió que desde hace tiempo las barreras limítrofes de los países han desaparecido, lo que hace necesaria la unidad para hacer frente a la delincuencia internacional que agobia a muchos países.

“Ya no podemos seguir siendo islas en el mundo, necesitamos unirnos, trabajar juntos, compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y poder hacer que el trabajo que tanto nos cuesta en cada país pueda tener éxito para el bien de nuestros connacionales”, expresó.

UN PAÍS NO PUEDE SOLO
A su vez, Daniel Francisco señaló que la criminalidad ahora no actúa desde un único territorio al contar con estructuras de dirección en un país, desarrollar actos criminales en otros, utilizar empresas y sociedades de diferentes sitios para blanquear el beneficio y mantener activos en terceros países.

“Por eso, la cooperación internacional ya no puede limitarse a responder a una solicitud puntual de otro país, necesitamos mecanismos de cooperación más rápidos, más directos y sobre todo basados en la relación de confianza entre profesionales”, sostuvo.

Bajo ese enfoque, el especialista consideró que en la recuperación de activos es importante recalcar que luchar contra la delincuencia organizada no consiste solo en identificar a los responsables y obtener condenas, también en privarlos de sus beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas.

“Y aquí llegamos a una cuestión fundamental: ningún país puede hoy responder por sí solo a este desafío, y en materia de delincuencia transnacional, muchas veces el primer problema no es la ausencia de instrumentos jurídicos, sino algo más sencillo: saber con quién hablar”, afirmó.

Así, remarcó que cuando un investigador, un fiscal, un juez necesita información o cooperación de otro país, disponer de un contacto directo que conozca el sistema, comprenda la problemática y tenga la confianza necesaria para responder, puede marcar una diferencia enorme.

“Poner en contacto a jueces de diferentes países permite compartir soluciones, comparar experiencias y desarrollar una comprensión común de estos desafíos, y no se trata de crear una red para interferir en la independencia judicial, se trata de crear un espacio de intercambio”, sostuvo.

ESTATUTO DE LA RED
Conforme al documento expuesto por Luján Túpez, puesto a evaluación y que sería suscrito en diciembre próximo, la Red Internacional de Extinción de Dominio es un mecanismo permanente de cooperación judicial internacional, de carácter amistoso, técnico y estratégico.

Ello orientado a fortalecer el intercambio de experiencias, la cooperación amistosa de buenas prácticas y procura de resultados, así como la armonización de criterios en la recuperación de activos de origen ilícito.

En tanto que el ámbito de actuación y desarrollo de las actividades propias de la Red es la esfera regional de Latinoamérica y los estados miembros de la Unión Europea, cuyos países se encuentran dotados de un sistema de extinción de dominio.

De otro lado, lo que busca la alianza es: Fortalecer la cooperación judicial internacional en extinción de dominio y recuperación de activos; intercambiar experiencias, buenas prácticas, conocimientos y criterios jurisprudenciales.

Asimismo, fortalecer capacidades especializadas de jueces, fiscales y otros operadores; articular con las instituciones de los Estados miembros; y contribuir a una recuperación de activos más eficiente, con respeto de los derechos humanos, la independencia judicial y los ordenamientos jurídicos nacionales.

Debe mencionarse, de igual modo, que los principios transversales en que se sustenta esta entidad se basan en que la cooperación debe sostenerse sobre legitimidad, confianza y respeto jurídico, enfoque de derechos humanos, respeto de los ordenamientos jurídicos nacionales.

Además, en la independencia judicial, cumplimiento de tratados internacionales, cooperación internacional, Buena fe y en el Intercambio de información.

CIFRAS CONCRETAS
De acuerdo con las cifras estadísticas, desde el 2019 hasta mayo de este año, el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio de nuestro país ha extinguido a la criminalidad un caudal económico que supera los US$ 224 millones (equivalente a más de S/ 760 millones), producto del delito.

Solo en lo que va del año 2026, se ha recuperado para el Estado peruano la suma de US$ 17 millones 080 mil 976; en el 2025 la cantidad de US$ 39 millones 394 mil y el 2024 alcanzó el monto récord de US$ 80 millones 323 mil.

Debe señalarse que Tello Gilardi pidió que el Ejecutivo revise diversas cuestionadas leyes como la que modifica la Ley de Extinción de Dominio, porque han significado un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.

Consideró que la Ley n.º 32326, lejos de dotar al Estado de mejores herramientas para combatir los activos criminales, representa un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos.

DATO
La organización de la Red será la siguiente: Consejo Superior de la Red, Secretaría Permanente, Secretaría Pro Tempore, coordinadores nacionales y miembros o integrantes