Piura: caen siete presuntos integrantes del Tren de Aragua que exigían S/ 2.000 a comerciantes
Siete personas señaladas como presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua fueron detenidas en Piura durante un operativo conjunto de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional. Los intervenidos son investigados por presuntamente extorsionar a comerciantes de la ciudad.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los sospechosos habrían exigido pagos de S/ 2.000 a los comerciantes a cambio de permitirles desarrollar sus actividades con normalidad. Las detenciones se realizaron en dos puntos de la ciudad, como parte de las acciones de inteligencia contra las redes dedicadas a la extorsión.
Operativo se realizó en dos sectores de Piura
La primera intervención tuvo lugar en la avenida Motape, donde los agentes policiales detuvieron a dos sospechosos que se desplazaban en un automóvil. Posteriormente, los efectivos se trasladaron al asentamiento humano Nueva Esperanza, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde arrestaron a otras cinco personas.
Los detenidos fueron identificados como Marieles Carolina Rangel, de 37 años; Wendy Verónica Sánchez Hernández, de 46; Alexander Jovver Berroterán, de 25; Joseph Michael Coronel Baptista, de 34; Vivianys Paola Hurtado Cisneros, de 32; José Herrera, de 32; y Gerald Flores, de 32 años.
Hallan armas, dinamita y celulares
Durante las diligencias, los agentes incautaron una pistola marca Taurus abastecida con 15 municiones, dos cartuchos de dinamita, cinco teléfonos celulares, tarjetas bancarias y un código QR de Yape. Estos elementos fueron recogidos como parte de las investigaciones para esclarecer las presuntas actividades delictivas de los intervenidos.
Tras el operativo, los siete sospechosos fueron trasladados a las instalaciones de la Divincri Piura, donde continuarán las diligencias correspondientes por el presunto delito de extorsión.
Las autoridades deberán determinar la participación de cada uno de los detenidos y establecer si existen más personas involucradas en las amenazas y cobros ilegales denunciados por los comerciantes de la región.
