Piden revisar situación de contratos gobierno al mismo gobierno por discriminar a empresas nacionales del sector construcción
Asociación Peruana de Consultoría exige trato igualitario y cumplimiento de norma que regula aplicación de mecanismo G2G
La Asociación Peruana de Consultoría (APC) exhortó a las autoridades a revisar la situación de los contratos suscritos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno, debido a que -en muchos casos- se viene abusando de este mecanismo, marginando a profesionales y empresas nacionales del sector Construcción, contraviniendo la norma que regula su aplicación.
Según advirtió el presidente de la APC, Ing. Elías Tapia, algunos contratos G2G van en contra del Decreto Legislativo 1564, que establece que deben aplicarse de manera excepcional cuando ello represente una ventaja considerable para el Perú por la complejidad de ciertos proyectos, y cuando se demuestre que en el mercado local no hay proveedores y contratistas para atender los requerimientos
“Sin embargo, dicho mecanismo ha pasado de ser excepcional a ser la regla general, como si fuera la solución a todos los problemas que el país padece, cuando claramente se advierte que es una manera de eludir la acción de la Contraloría General de la República y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado”.
Por tal motivo, nombre de la APC, solicitó trato justo e igualitario para todos y la mayor competencia posible entre quienes se encuentren en condiciones de prestar servicios en todo el territorio nacional. “Exigimos que no se discrimine en nuestro propio país a los profesionales y a las empresas peruanas, y que no se opte por empresas inhabilitadas para ejercer sus respectivas actividades”, subrayó.
El especialista indicó que, en el marco de esa modalidad, los servicios de Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de algunos contratos suscritos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno han sido celebrados con grupos económicos, que han sido inhabilitadas por fraude y corrupción en el ámbito internacional.
Tal es caso, dijo, del grupo francés Egis, a cargo de la PMO de la construcción de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa. Dos de sus filiales han sido inhabilitadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejercer sus actividades hasta el 2 de enero de 2027 por prácticas fraudulentas y corruptas relacionadas con la supervisión de obras de agua y saneamiento en Panamá (https://www.iadb.org/es/noticias/bid-anuncia-acuerdo-con-egis-eau-y-egis-international-sobre-practicas-prohibidas).
Al respecto, dijo que “el proyecto de la construcción de la Nueva Carretera Central no está dando los resultados esperados. Han transcurrido 3 años y recién está por iniciarse el Estudio Definitivo de Ingeniería del proyecto cuyo trazo ha sido cuestionado y descalificado por el Colegio de Ingenieros del Perú, obra que requerirá una inversión de US$ 6.200 millones”.
Criticó, igualmente, los contratos G2G del aeropuerto de Chinchero, y obras de reconstrucción del Norte, que ya están en ejecución, pero con ritmos sumamente lentos. “No han dado la talla”, sentenció.
