La Procuraduría General del Estado fue incluida como parte agraviada en el caso seguido contra la excongresista aprista Luciana León. El Poder Judicial consideró infundada la apelación presentada por la defensa de la exparlamentaria, la cual buscaba revertir la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley.
La Fiscalía investiga a León por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo propio y peculado doloso por apropiación tras ser vinculada con la organización criminal “Los intocables ediles de La Victoria”, banda que cobraba cupos a comerciantes ambulantes del distrito victoriano, ganando más de 26 millones de soles.
La Defensa del Estado propuso inicialmente que la exlegisladora pague un 1.8 millones como reparación civil.
