En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Gobierno descartó ayer que el proyecto de ley que podría prescribir delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra anteriores al 2001 tenga consecuencias en los casos judiciales de Barrios Altos y La Cantuta.
“Esta Corte, como maestra de su propia competencia, debe declarar que no existe vinculación por los hechos que ahora se pretenden traer a su competencia y desestimar medidas provisionales requeridas”, declaró César Pastor, agente del Estado peruano.
Explicó que la potencial ley no afectaría dichos casos, ya que las condenas no se basaron en delitos de lesa humanidad, sino en homicidio calificado, secuestro y lesiones. Remarcó la importancia de permitir que el Congreso legisle en esta materia.
