Pedro Castillo seguirá preso hasta marzo de 2027: PJ rechaza revisar su prisión preventiva
El Poder Judicial decidió mantener la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo en el proceso que se le sigue por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión simple. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la revisión de oficio de la medida y determinó que continúe vigente hasta el 8 de marzo de 2027.
La decisión fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien rechazó el pedido de la defensa del exmandatario para sustituir la prisión preventiva por una medida de comparecencia. La resolución se produjo tras evaluar si persistían las condiciones que justificaron inicialmente la restricción de libertad.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Castillo habría encabezado una presunta organización criminal que operaba desde el Gobierno para colocar a personas de confianza en puestos estratégicos de entidades públicas. Entre los hechos investigados figuran supuestas irregularidades en el Ministerio de Vivienda y en contrataciones de Petroperú relacionadas con la adquisición de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.
En el caso de Petroperú, la Fiscalía sostiene que determinadas modificaciones en los volúmenes de compra y el presunto incumplimiento de procedimientos internos habrían ocasionado un perjuicio económico de más de 2,3 millones de dólares. Estas imputaciones forman parte de la investigación y deberán ser determinadas conforme avance el proceso judicial.
Según los argumentos expuestos durante la revisión, la Fiscalía consideró que no existen nuevos elementos que desvirtúen los motivos que sustentaron la medida, entre ellos el presunto peligro de fuga y de obstaculización de las investigaciones. El juzgado coincidió con esa evaluación y resolvió mantener la prisión preventiva. En ese sentido, el juez Checkley concluyó que “no se acreditó el desvanecimiento de los presupuestos que en su momento justificaron la prisión preventiva”.
A esta medida se suma la condena de primera instancia de 11 años y 5 meses de prisión impuesta a Castillo por conspiración para la rebelión, en relación con su fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. Su defensa apeló la sentencia, cuyo recurso se encuentra pendiente de calificación por la instancia suprema correspondiente.
La decisión judicial mantiene al exmandatario bajo prisión preventiva en el proceso por presunta corrupción, mientras continúan las actuaciones judiciales. Este mandato es independiente de la sentencia por el caso del 7 de diciembre de 2022, que aún está sujeta a revisión en segunda instancia.
