El Poder Judicial ordenó la disposición judicial de levantar el secreto bancario de las cuentas y operaciones financieras del expresidente Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
Ello luego de que el magistrado Juan Carlos Checkley emitiera la resolución que da por consentida la ejecución de esta medida requerida por el Ministerio Público, luego de que no se presentara ninguna apelación de las partes del proceso.
“Dispongo que la Superintendencia de Banca Seguros y Administración de Fondos de Pensiones proceda con dicho levantamiento y cumpla con remitir cada una de las informaciones requeridas por la fiscalía, por el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2021 al 31 de diciembre del 2022”, señala la resolución.
Así, dispuso también que la medida sea ejecutada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, misma que deberá ser de forma reservada y cuyos resultados deberán ser presentados tanto al Poder Judicial como a los afectados en cumplimiento con el Código Procesal Penal.
Entre la información que será requerida por la Fiscalía se encuentran “estados de cuenta por depósitos de ahorro, en cuenta corriente, a plazo CTS, solicitudes de alquiler de cajas de seguridad (con el detalle de donde se encuentran ubicadas exactamente), así como cualquier otra forma de ahorro e inversión canceladas y/o vigentes”.
Se indica también otras operaciones como “transferencias y remesas de fondos locales, así como transferencias al extranjero vía Swift, internet u otros, usando cuentas y sin uso de las cuentas”. “En general, todas aquellas operaciones y servicios no señalados anteriormente que representen para el cliente obligaciones”, precisa el documento.
Como se recuerda, el pasado 9 de marzo del presente año, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por ser el presunto líder de una organización criminal.
Al exmandatario y exministros ya mencionados se les atribuyen la presunta comisión de diferentes delitos, entre ellos organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado.
