La Corte Suprema de Justicia declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva presentado por el expresidente Pedro Castillo. Esta medida se mantiene debido a las acusaciones en su contra por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, en agravio del Estado y la sociedad. El juez supremo Juan Carlos Checkley ratificó que la medida coercitiva debe continuar vigente.
El caso está relacionado con los eventos del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso y la reorganización de varias instituciones estatales, lo que fue interpretado como un intento de golpe de Estado. Tras este anuncio, el Congreso destituyó al mandatario, y su detención ocurrió poco después cuando intentaba llegar a la Embajada de México en busca de asilo.
La defensa del exmandatario argumentó que existían nuevos elementos que justificaban el cese de la prisión preventiva, como la falta de declaraciones clave y documentos que, según ellos, demostrarían que no hubo alzamiento en armas. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó estos argumentos al considerar que no constituían pruebas suficientes para modificar su situación legal.
El tribunal también rechazó sustituir la prisión preventiva por vigilancia electrónica. Justificó esta decisión señalando que los delitos imputados tienen penas privativas de libertad de entre 10 y 20 años, lo cual impide aplicar medidas menos restrictivas. Además, se destacó que el centro penitenciario donde Castillo cumple su reclusión no presenta condiciones de hacinamiento.
Proceso judicial en curso
Actualmente, Pedro Castillo enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por los delitos mencionados. Este proceso también incluye investigaciones contra sus ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez. La etapa judicial se encuentra en control de acusación, donde se decidirá si el caso procede a juicio oral.
