Paren los asesinatos, secuestros, extorsiones, corrupción y no nos engañen

Basta de ofrecimientos de medidas efectistas, lo que los peruanos queremos y necesitamos, es que no se continúen con asesinatos, secuestros, extorsiones, y corrupción.

El incremento cada día de la inseguridad ciudadana es imparable, pues hace años que hemos perdido la tranquilidad en el interior de nuestro domicilio, oficinas, negocios y salir a la calle con mayor razón nuestros familiares, porque podemos ser víctimas de asesinatos, secuestros, robos de celulares con muerte subsecuente.

Y lo más grave es que se lejos de disminuir esta delincuencia violenta, es todo lo contrario, pues nuestras autoridades, no actúan; y en algunos casos cuando la policía detiene a peligrosos delincuentes, malos fiscales, por decir lo menos, disponen su libertad, para que sigan delinquiendo, creando una mayor inseguridad ciudadana e inclusive no solo cometen los mismos delitos, sino que llegan hasta el asesinato.

Y la Junta Nacional de Justicia brilla por su ausencia, pese a las públicas denuncias, que se formulan ante los medios de comunicación.

En nuestro país impera la impunidad, y ahora congresistas a quienes se les imputa hechos delictivos o las agrupaciones a las que pertenecen, han aprobado un proyecto de ley en el cual aumentan de 3 a 4 años la pena privativa de libertad en el delito de difamación agravado con nombre propio.

Es decir, contra los que formulen denuncias de hechos delictivos contra funcionarios, sin dar una justificación en su exposición de motivo, de las razones jurídicas por las cuales pretenden el aumento de pena de 1 año; pero, lo real y concreto, es que en la mente de los involucrados y votantes a favor de este proyecto, es con la finalidad de amedrentar a los denunciantes, de acuerdo a lo que sucede en algunas oportunidades, consigan que se un juez supernumerario, para presionarlo mediáticamente y “obligar” a que decrete una prisión efectiva, bajo presiones, como siempre sucede de parte de algunos políticos; y, cuidado también podríamos ser querellados los que emitimos opiniones, pero no se olviden, porque al parecer “sus asesores penales”; no han reparado que existe el artículo 134 el CP, “la exceptio veritatis” o derecho a probar la verdad de la imputación a un funcionario público y al demostrar su imputación el querellado es absuelto.

Verificamos que la corrupción continúa, congresistas denunciados por actos delictivos, no son desaforados a fin de que sean procesados y son los que votan en proyectos de su interés, porque gozan de la protección de “sus compañeros”. “otorongo no come otorongo”, y ahora comprendemos porque no votaron a fin de que no se llevara a cabo la revocatoria del mandato congresal, pues con la conformación de este Congreso, tenemos la seguridad que muchos de los cuestionados estarían en la cárcel.

Igualmente, tenemos que el ejecutivo “planteó adelanto de elecciones”, pero no lo sustentó y el congreso de la República, no hizo absolutamente nada, simple y llanamente porque a los integrantes de ambos poderes del Estado, les conviene quedarte hasta el 2026, para seguir cobrando sus sueldos, que algunos nunca los han ganado antes de ejercer cargo público, además, de los que algunos reciben dinero ilícitamente, como se denuncia.

(*) Exdecano del CAL

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