Al menos tres candidatos a la vicepresidencia y uno presidencial declararon antecedentes judiciales en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte del proceso de inscripción para las Elecciones Generales 2026.
Uno de los casos más destacados es el del congresista Alejandro Soto, quien reportó dos sentencias por difamación y otra por demanda civil. Soto asegura que se trata de “reserva de fallo condenatorio” ya cumplida y niega tener sentencias vigentes.
El abogado Raúl Noblecilla, candidato a vicepresidente de Podemos Perú, también consignó una sentencia ejecutada por lesiones culposas en un accidente de tránsito ocurrido hace más de 15 años, señalando que afrontó las consecuencias correspondientes.
Otra candidata, Dina Hancco, declaró una sentencia firme por contrabando de 2017, con pena suspendida y cumplida. La agrupación Cívico Obras sostiene que se trató de un error en el comercio local y promete aclarar los detalles.
También se suma el caso de Mario Vizcarra, aspirante presidencial de Perú Primero, quien consignó una condena por peculado de 2005 y afirma que está rehabilitado. En contraste, Arturo Fernández, candidato vicepresidencial, omitió mencionar una sentencia por difamación agravada, lo que podría derivar en una posible exclusión.
Expertos señalan que la declaración de sentencias busca fortalecer la transparencia electoral, aunque sólo las condenatorias vigentes por delitos dolosos pueden generar impedimentos para participar en la contienda.
