“Operadoras deben bloquear las llamadas extorsivas desde penales”

El congresista José Luna Gálvez presentó una propuesta legislativa para que, en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada, sobre todo las extorsiones, las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones contribuyan de manera activa a erradicar las comunicaciones ilegales provenientes de establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

Según el proyecto de Ley 10228, de Luna Gálvez, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Perú, las operadoras de telecomunicaciones, como Claro, Movistar, Bitel y Entel, son responsables por el uso prohibido del servicio de telecomunicaciones para establecer comunicaciones con fines delictivos.

Por esa razón, el legislador plantea que se obligue a dichas empresas a retirar las antenas de telefonía móvil o satelital y cualquier dispositivo de telecomunicaciones, con el apoyo de la fuerza pública, de ser necesario, alrededor de los penales.

“Las empresas operadoras deberán adoptar mecanismos que impidan las comunicaciones ilegales en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, así como coadyuvar a los sistemas y equipos de seguridad tecnológica implementados por ellos y las entidades competentes”, expresó el parlamentario.

Según el proyecto de ley, si bien se deben salvaguardar los derechos de acceso a las telecomunicaciones de las poblaciones aledañas, en las zonas restringidas y de alta seguridad, primará el derecho a la seguridad ciudadana.

“No podemos permanecer impasible ante el incremento de la criminalidad cada vez más violenta. Las extorsiones se han incrementado con una estela de brutales asesinatos”, sentenció Luna Gálvez.